El Secretario de Hacienda Cr. Gustavo Laróvere, junto al Cr. Carlos Andres, Secretario de Gobierno y Daniel Meichtri al frente de Obras y Servicios Públicos, fueron los encargados de dar explicaciones sobre cuestiones puntuales de la nueva Ordenanza de Emergencia Económica de la Municipalidad de Hernando que sancionó el Concejo Deliberante y generó contrapuntos con el bloque opositor “Somos Hernando”.

Laróvere remarcó que la implementación de esta normativa es una medida de precaución para proteger los intereses municipales ante la inestabilidad económica nacional.

“El origen de este proyecto viene de un modelo que baja el Gobierno Provincial y brinda a los municipios la oportunidad de adherirse a esta normativa o no”, subrayó. En ese sentido, aseguró que la intención es dotar al municipio de herramientas para enfrentar posibles sucesos que puedan impactar la economía local.

Ante las declaraciones de la oposición, el Secretario fue contundente al expresar que el “municipio no está fundido, no está en quiebra, no está en cesación de pagos”. En tal sentido, aclaró que la ley de quiebra se aplica a entidades privadas, no a entidades públicas como el municipio. Por el lado de cesación de pagos dijo que es un factor determinante en el proceso de quiebra para entidades privadas. Destacó que se ha cumplido con el pago de aguinaldos, sueldos, profesionales, auxiliares, jornaleros y proveedores.

Contratos y concesiones: la Municipalidad y Cooperativa de Obras en 1998 firmaron el contrato por el servicio de gas natural por un plazo inicial de 15 años, el cual venció en 2013 y la posterior continuó de forma tácita sin renovación formal. La última gestión de Gustavo Bottasso, formalizó nuevamente, asegurando que los fondos percibidos fueron aplicados debidamente a los compromisos municipales.

Además, el funcionario aseguró que los fondos asignados a programas específicos, como el de vivienda, se utilizarán exclusivamente para su ejecución, sin desviarse para otros fines.

La ordenanza permite al municipio la posibilidad de reubicar al personal existente en lugar de realizar nuevas contrataciones. Se aclaró que esta medida es factible, siempre y cuando se respeten estrictamente las disposiciones del estatuto del empleado municipal.

Certificación de proveedores: el procedimiento es el establecido por la ley de concursos y quiebras. El contador expresó que esta herramienta es útil y aplicable. “Si alguna factura carece de requisitos o si la procedencia de los servicios y bienes es dudosa, el municipio no realiza el pago”.

Endeudamiento del municipio: “El pasivo de la Municipalidad representa el 0,8 por ciento del Presupuesto Anual”, respondió Laróvere específicamente en relación con los proveedores y el impacto en el presupuesto.

Por su parte, el Secretario de Gobierno le respondió a la oposición ante la crítica por la falta de respuesta a los pedidos de informes que se solicitan: “nosotros no vamos hacer el trabajo que deben hacer ellos, la verdad es que se tienen que poner a trabajar porque mucha de la información pasa por el Tribunal de Cuenta, que se pongan a trabajar y que pidan lo que no pueden ver”.

Por otra parte, respecto a la sentencia judicial que enfrentó el municipio en 2023 sobre una causa en la cual estuvo involucrado el actual intendente Ricardo Bianchini, precisaron que lo que le correspondió afrontar al municipio fueron 15 millones de pesos, distribuidos en tres pagos, siguiendo los procedimientos judiciales adecuados. Todos los pagos fueron aprobados y controlados por el Tribunal de cuentas, el cual está integrado por representantes de distintos partidos políticos.

“No saber qué pasó, por ahí es no tener diálogo con el que te está representando en el Tribunal de Cuentas”, aludió Laróvere en referencia a los comentarios la oposición.

Los funcionarios recalcaron que las medidas, decisiones que el Ejecutivo tome en base a la nueva ordenanza, se girarán para ser aprobadas por el Concejo Deliberante.

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