
La Corte Suprema definió quién investigará la mansión de Pilar vinculada a la AFA: la causa queda en manos de Rafecas
noviembre 19, 2026
Pauny propuso reabrir la fábrica y pagar los salarios adeudados, pero la UOM cuestionó el plan
noviembre 19, 2026La Cámara alta sancionó la iniciativa con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma mantiene las pensiones equivalentes al 70% de la jubilación mínima, permite compatibilizarlas con un empleo formal bajo determinados límites de ingresos y garantiza el nomenclador único de prestaciones con actualización automática de aranceles.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el nuevo régimen de discapacidad, en una sesión en la que el proyecto consiguió un respaldo unánime: 71 votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa establece un sistema permanente que reemplazará el esquema de emergencia vigente, cuya fecha de vencimiento está prevista para el 31 de diciembre de 2026.
El texto aprobado conserva varios de los principales puntos que habían sido incorporados durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores.
Entre sus aspectos centrales se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, la actualización de los valores de las prestaciones y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar sin perder automáticamente el beneficio previsional.
Qué establece la nueva ley
Uno de los puntos fundamentales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se establece en el equivalente al 70% de una jubilación mínima.
Además, se mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal herramienta para acceder al beneficio.
La legislación también contempla que quienes perciben una pensión puedan desarrollar una actividad laboral registrada o inscribirse en regímenes tributarios, incluido el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
De esta manera, se busca evitar que la incorporación al mercado laboral implique necesariamente la pérdida de la prestación.
Nomenclador único y actualización por inflación
Otro de los aspectos centrales de la norma es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones, que establece los valores de referencia que reciben los prestadores de servicios vinculados con la discapacidad.
También se mantiene el arancel unificado y se establece su actualización automática de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios.
Esta disposición resulta especialmente relevante para instituciones, centros de día, profesionales, transportistas y prestadores que venían reclamando una actualización de los valores frente al incremento de sus costos de funcionamiento.
Cobertura médica y financiamiento
La nueva legislación garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901 a través del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad.
En materia presupuestaria, se establecen partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y se contempla que el Tesoro Nacional deba realizar compensaciones si esos recursos resultan insuficientes.
Además, el texto determina que el ingreso por beneficiario deberá mantener su poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La ley incorpora mecanismos de fiscalización periódica para controlar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en el sistema.
Las auditorías estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad y contemplarán el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante la detección de incumplimientos objetivos, podrá disponerse la suspensión preventiva de una prestación. Sin embargo, el procedimiento deberá garantizar la notificación al beneficiario y la posibilidad de una rehabilitación provisoria, dentro de un mecanismo de debido proceso inclusivo.
Plazos para saldar las deudas con prestadores
Uno de los reclamos más importantes de las instituciones y trabajadores del sector también quedó contemplado en la normativa.
Si al momento de la sanción existen deudas pendientes con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los primeros 30 días y cancelar los montos adeudados en un plazo máximo de 90 días.
La disposición busca dar respuesta a una de las principales dificultades que atraviesa el sistema de atención y acompañamiento de personas con discapacidad.
Una aprobación unánime y ahora resta la reglamentación
Durante el debate, distintos senadores destacaron la necesidad de establecer reglas permanentes que brinden previsibilidad a las familias y a las instituciones.
El senador oficialista Agustín Monteverde defendió el cambio de esquema y sostuvo: «La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad».
Por su parte, la senadora Alicia Kirchner planteó preocupaciones sobre la capacidad operativa de ANSES para implementar los mecanismos previstos en la ley y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir durante su ejecución.
Con la aprobación de los 71 senadores presentes, la iniciativa quedó sancionada definitivamente. El siguiente paso será su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que deberá establecer los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo régimen.
La decisión representa un cambio en el marco normativo de la discapacidad en Argentina: se deja atrás un sistema transitorio y se establece una legislación permanente que conserva derechos y prestaciones que habían sido objeto de discusión durante los últimos meses.




