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noviembre 19, 2026El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a revisar y autorizar los incrementos, aunque no habrá un tope automático atado a la inflación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga ya no podrán establecer libremente los aumentos de sus cuotas sin intervención del Estado. La decisión representa un cambio en el esquema de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei y devuelve a la autoridad sanitaria nacional facultades de supervisión sobre los valores de los planes.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habían eliminado los mecanismos de control estatal sobre las tarifas de las empresas de medicina privada.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará la atribución de revisar, fiscalizar y autorizar previamente las modificaciones en las cuotas que soliciten las compañías.
El origen del conflicto: una afiliada que sufrió un aumento del 110%
La resolución surgió de una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical, cuya cuota registró un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
El valor de su plan pasó de $136.161,21 a $301.218,02 en apenas dos meses.
En su reclamo, la mujer sostuvo que, si se hubiera mantenido el mecanismo de actualización establecido por una resolución anterior del Ministerio de Salud, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
El caso llegó a la Corte luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucionales los artículos cuestionados del DNU y ordenara revisar los aumentos aplicados por la empresa.
Tanto la prepaga como el Estado nacional presentaron recursos para cuestionar aquella decisión.
Qué cambia a partir del fallo
Con el pronunciamiento del máximo tribunal, las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus propuestas de actualización tarifaria al control de la autoridad de aplicación.
Para evaluar los incrementos, se deberán considerar principalmente dos variables:
- La estructura de costos: los aumentos deberán estar respaldados por las variaciones que registren los gastos de funcionamiento de las empresas.
- El cálculo actuarial de riesgos: las modificaciones tendrán que contemplar una estimación razonable de los riesgos vinculados con las prestaciones de salud.
Sin embargo, hay una aclaración importante: la Corte no estableció que las cuotas deban aumentar exclusivamente según la inflación.
Los jueces revocaron precisamente el apartado de la sentencia de Cámara que obligaba a limitar los incrementos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo tanto, no se trata de un congelamiento de tarifas ni de un tope automático, sino del restablecimiento de un mecanismo de supervisión y autorización estatal.
Por qué la Corte cuestionó el DNU de Milei
Uno de los fundamentos centrales del fallo estuvo relacionado con las condiciones constitucionales que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.
Los magistrados consideraron que el Gobierno no había presentado argumentos suficientes para justificar la eliminación de los controles sobre las cuotas de las prepagas mediante esa herramienta excepcional.
En ese sentido, cuestionaron que la administración nacional hubiera invocado una crisis general del sistema sanitario y la necesidad de incrementar la competitividad para justificar la liberación de los precios.
La Corte sostuvo que esas explicaciones no demostraban una urgencia concreta que impidiera recurrir al procedimiento legislativo ordinario.
El tribunal remarcó que la utilización de un DNU requiere circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas y que la conveniencia de acelerar una decisión no alcanza para reemplazar el debate parlamentario.
Un fallo con impacto en otros reclamos judiciales
La decisión también podría tener consecuencias sobre numerosos litigios iniciados por afiliados contra empresas de medicina prepaga.
Según informó El Cronista, existen cerca de 500 expedientes similares pendientes de resolución en la Corte, por lo que el criterio establecido podría convertirse en un antecedente relevante para esas causas.
Además, el pronunciamiento podría influir en futuros reclamos de usuarios que cuestionaron los incrementos aplicados desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
No obstante, cada situación deberá analizarse de acuerdo con las particularidades de los respectivos expedientes.
La reacción de las empresas de medicina privada
La resolución generó preocupación entre las compañías del sector. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), su presidente, Hugo Magonza, cuestionó el alcance de la decisión y advirtió sobre sus posibles consecuencias financieras y judiciales.
El dirigente sostuvo que el fallo podría multiplicar los litigios y generar dificultades adicionales para el funcionamiento de las empresas.
En declaraciones a Infobae, expresó: «Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura».
Desde el sector empresario sostienen que la estructura de costos de las prestaciones médicas requiere mecanismos de actualización que permitan sostener la atención y afrontar los gastos operativos.
La resolución de la Corte vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de la regulación estatal sobre la medicina privada y el equilibrio entre los valores de las cuotas, la sustentabilidad de las empresas y la protección económica de los afiliados.
En definitiva, las prepagas podrán seguir solicitando aumentos, pero ya no tendrán libertad para aplicarlos unilateralmente: deberán contar nuevamente con la revisión y autorización de la autoridad sanitaria nacional.




