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El proyecto Sea Lion, que prevé la extracción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas, quedó en el centro de una disputa jurídica internacional. Argentina pidió medidas urgentes para impedir su explotación unilateral, mientras que el Reino Unido rechazó la jurisdicción del tribunal y defendió el derecho de los isleños a utilizar los recursos naturales. La decisión podría conocerse en los próximos días.
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo en el escenario internacional. Argentina y el Reino Unido protagonizaron un fuerte contrapunto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, durante la primera audiencia por el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.
La presentación argentina busca impedir que el Reino Unido avance unilateralmente con la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en disputa. El planteo sostiene que esas actividades vulneran las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), además de desconocer resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la controversia de soberanía.
La delegación nacional estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente de la República Argentina ante el tribunal. Su exposición dejó en claro que el país no pretende que ese organismo resuelva la cuestión de fondo sobre la soberanía de las islas, sino que intervenga para evitar que se modifique la situación mientras se desarrolla el procedimiento arbitral correspondiente.
Uno de los argumentos centrales de la presentación fue que los recursos naturales de un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa no pueden ser explotados unilateralmente.
«Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa», sostuvo Oyarzábal ante los integrantes del tribunal.
El diplomático aclaró que Argentina reconoce los intereses y los derechos humanos de los habitantes de las islas, pero cuestionó que puedan invocar el principio de autodeterminación para decidir sobre la soberanía del territorio.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la controversia
El emprendimiento petrolero Sea Lion es impulsado por las compañías vinculadas a la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte. Su desarrollo contempla una inversión de gran magnitud y la posibilidad de generar importantes ingresos económicos para las autoridades isleñas y el Reino Unido.
Según la presentación argentina, el inicio de las perforaciones está previsto para 2027, con la plataforma semisumergible Noble Endeavour contratada para las operaciones.
Ante ese escenario, el Gobierno nacional solicitó cuatro medidas concretas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación petrolera mediante Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevas licencias en el área; que preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino.
La posición argentina también se apoya en dos resoluciones de Naciones Unidas. La 2065, de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países, mientras que la 31/49, de 1976, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe la controversia.
«Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse», advirtió Oyarzábal.
El Reino Unido rechazó el planteo argentino
La respuesta británica estuvo encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, quien cuestionó tanto la competencia del Tribunal del Mar como los fundamentos de la solicitud presentada por Argentina.
La representante del Reino Unido sostuvo que las medidas solicitadas tendrían consecuencias económicas muy importantes para los habitantes de las islas y defendió su derecho a explotar los recursos naturales.
«Las medidas provisionales solicitadas tendrían consecuencias devastadoras», afirmó Reeves, al argumentar que una suspensión del proyecto impediría a la población isleña avanzar con una actividad que considera legítima bajo el principio de autodeterminación.
La funcionaria también rechazó categóricamente el reclamo argentino de soberanía y cuestionó la posición de Buenos Aires respecto de la explotación petrolera.
«El Reino Unido rechaza categóricamente la reivindicación de Argentina (sobre la soberanía). No obstante, hemos buscado entablar un diálogo constructivo», expresó.
En otro tramo de su exposición, la fiscal cuestionó los argumentos ambientales argentinos y recordó que el país desarrolló actividades de exploración y perforación en su propio territorio marítimo. También sostuvo que Argentina tuvo oportunidades de participar en consultas vinculadas con el impacto ambiental del proyecto.
De esta manera, Londres buscó instalar que el planteo argentino no responde exclusivamente a una preocupación ambiental, sino que pretende impedir que los isleños administren los recursos que consideran propios.
El riesgo ambiental y el argumento de la irreversibilidad
Otro de los ejes de la presentación argentina estuvo relacionado con las consecuencias ambientales que podría provocar una eventual explotación petrolera.
Oyarzábal recordó un antecedente ocurrido en abril de 2015, cuando falló un dispositivo preventor de reventones en un pozo de exploración ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento.
Además, mencionó que el plan de contingencia de una de las empresas involucradas estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual derrame en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.
«En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia», advirtió el diplomático.
La delegación nacional también hizo hincapié en que la extracción de hidrocarburos constituye un hecho irreversible, porque se trata de recursos no renovables.
«El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto. Tampoco podrá jamás retirarse la información obtenida», argumentó Oyarzábal.
Desde el lado británico, en cambio, señalaron que no existe la urgencia planteada por Argentina y que los plazos previstos para el comienzo de las perforaciones permitirían que el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo quede constituido antes de que comiencen las operaciones.
En ese sentido, el abogado británico Sir Michael Wood indicó que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo no se iniciaría antes de marzo de 2028.
Milei destacó la presentación argentina en Alemania
La actuación de la delegación nacional también tuvo repercusión en el Gobierno. Según publicó Infobae, el presidente Javier Milei compartió un mensaje con integrantes de su gabinete en el que destacó el trabajo realizado en Hamburgo.
«Más allá de la justa euforia por el Papa, la foto es descomunal. Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia», habría expresado el mandatario.
La delegación argentina estuvo integrada por funcionarios de Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, además de especialistas en derecho internacional.
Entre ellos se destacó la participación de Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, quien tuvo un papel relevante en la estrategia jurídica argentina.
El antecedente más recordado de la intervención de este organismo en una controversia argentina fue el caso de la fragata ARA Libertad, cuando en 2012 ordenó su liberación tras haber sido retenida en Ghana.
¿Qué puede resolver el Tribunal del Mar?
El procedimiento tiene una particularidad jurídica. Argentina y el Reino Unido eligieron distintos mecanismos para resolver controversias en el marco de la Convemar. Por esa razón, la discusión de fondo deberá tramitarse mediante un tribunal arbitral constituido conforme al Anexo VII de la Convención.
Mientras ese organismo se conforma, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir para disponer medidas provisionales destinadas a preservar los derechos de las partes.
En ese marco, existen tres escenarios posibles: que el tribunal acepte íntegramente el pedido argentino y ordene suspender las actividades vinculadas con Sea Lion; que conceda solamente algunas de las medidas solicitadas; o que rechace la presentación por considerar que no se cumplen los requisitos para intervenir de manera provisional.
La resolución podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque no se descartaba una postergación hasta la semana siguiente.
La disputa por el petróleo de Malvinas vuelve así a colocar la cuestión de la soberanía argentina en el centro de la agenda internacional. Esta vez, el debate no se limita a los derechos sobre el territorio, sino que incorpora una discusión estratégica sobre los recursos naturales, el impacto ambiental y las consecuencias económicas de una explotación que Argentina considera ilegítima.
