La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, cuestionó al Gobierno nacional y al ministro Mario Lugones por las modificaciones propuestas en el proyecto enviado al Congreso. También se expresó la diputada Carolina Basualdo.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión en torno al sistema de discapacidad. Entre las modificaciones planteadas aparecen cambios en el régimen de pensiones, en la determinación de los aranceles de las prestaciones y la derogación de algunos artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Desde Córdoba, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, cuestionó públicamente la iniciativa y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

“El Gobierno de Milei, otra vez, avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad”, expresó Montero.

La funcionaria provincial cuestionó particularmente que el proyecto contemple modificaciones a la legislación vigente mientras el Congreso analiza la situación de la emergencia en discapacidad. También manifestó preocupación por los cambios previstos para el esquema de aranceles.

La propuesta presupuestaria establece que el nomenclador de prestaciones básicas dejaría de contemplar valores universales, al tiempo que modifica el mecanismo de actualización de esos montos. También plantea cambios en el régimen de pensiones por discapacidad.

Críticas al ministro de Salud

Montero también reprochó la actuación de Mario Lugones durante una reunión que mantuvo el lunes con autoridades sanitarias y responsables de las áreas de discapacidad de las distintas provincias.

Según planteó la funcionaria cordobesa, el ministro no habría informado durante ese encuentro sobre las modificaciones que posteriormente quedaron incorporadas al proyecto presupuestario.

“Una falta de respeto que el Ministro Lugones, a sabiendas de lo que se estaba presentando en el Congreso, no haya puesto el tema sobre la mesa el día lunes, cuando tuvo sentados a todos los ministros de salud del país y a las respectivas áreas de discapacidad”, cuestionó.

Y agregó: “Un tema de esta gravedad no puede ocultarse ni tratarse a espaldas de las provincias”.

Montero aseguró además que Córdoba continuará acompañando a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones del sector junto al gobernador Martín Llaryora, y reclamó al Estado nacional que asuma las responsabilidades correspondientes.

También se pronunció Carolina Basualdo

En la misma línea, la diputada de Provincias Unidas, Carolina Basualdo, manifestó su rechazo a las modificaciones planteadas en el Presupuesto 2027.

La legisladora sostuvo que los cambios podrían generar “menos protección y mayor incertidumbre sobre sus pensiones y cobertura de prestaciones”.

Basualdo también hizo referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional en Argentina, y sostuvo que el Estado debe garantizar los derechos reconocidos en ese marco.

Qué plantea el proyecto nacional

El capítulo referido a discapacidad del proyecto presupuestario propone modificar distintos aspectos de las leyes que regulan las prestaciones y las pensiones. Entre otros puntos, se plantea derogar o sustituir artículos de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y modificar disposiciones de las leyes 13.478 y 24.901.

La Ley 27.793 actualmente establece, entre otras medidas, mecanismos de financiamiento y actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Su artículo 14 dispone que esos valores sean iguales para las personas jurídicas obligadas y que se actualicen conforme al índice de movilidad previsional.

Las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 deberán ahora ser analizadas y debatidas en el Congreso de la Nación, donde se definirá el texto definitivo de la normativa.