El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, le acercó un estudio al Sumo Pontífice en el que aborda la pobreza, el endeudamiento familiar, así como la discapacidad y la alta tasa de suicidios.

A menos de dos meses de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, le entregó al Sumo Pontífice un informe crítico del gobierno de Javier Milei.

El sábado, en el marco de una audiencia privada, luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales, el sindicalista le acercó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica el «Informe de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para Su Santidad León XIV».

El documento comienza con «una práctica que se ha hecho hábito” desde que arrancó la gestión libertaria: «El odio, el insulto, el menosprecio, la descalificación».

Afirma que «la criminalización de la protesta en la Argentina libertaria funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita» y precisa que «el viraje normativo se cristaliza de manera drástica en la sustitución de la Resolución 210/2011 por la Resolución 943/2023, conocida como ‘Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público’ o ‘Protocolo Antipiquete’».

La organización cita un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que puntualiza que, “entre diciembre de 2023 y de 2025, se registraron 139 movilizaciones, de las cuales se reprimieron 51 (37%)”. Añade que “en estas movilizaciones se registraron un total de 2.585 personas heridas asistidas”.

El texto también pone el foco en la pobreza. Si bien señala que “según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2025, última medición oficial disponible, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 21%», agrega que «al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales».

Por lo tanto, «esta evolución favorable de las estadísticas contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan cotidianamente las familias argentinas».

En ese sentido, subraya que «la pobreza monetaria oficial se calcula con un severo sesgo metodológico de subestimación, presuponiendo patrones de consumo y desconociendo costos estructurales de subsistencia como el alquiler de las viviendas y los servicios» y suma que «en base a un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) puede realizarse una revisión estimativa».

Sostiene que «si se actualizara la línea de pobreza bajo los patrones de consumo reales de la Engho (Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares) 2017/2018 y se incorporara formalmente el costo del alquiler para los hogares inquilinos, la magnitud de la crisis social adquiriría su escala real» y entonces, «la pobreza real asciende entonces al 39% de los hogares».

Marca que «en términos de población, el sinceramiento metodológico eleva la pobreza al 48%, por lo que la métrica oficial vigente invisibiliza a más de 6 millones de personas».

Entre otro pasaje, el texto puntualiza que “según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), durante el primer semestre de 2026 el consumo interno de carne vacuna cayó 11,5% interanual, alcanzando el nivel más bajo de la serie histórica para un primer semestre».

El documento también aborda la situación que atraviesa el sector de la discapacidad y advierte que “el ajuste cruza la frontera de la crueldad”, y añade que las auditorías sobre las pensiones “alcanzaron a más de un millón de prestaciones que, bajo la excusa administrativa, se vieron demoradas o interrumpidas”.

Otro punto que trata es el endeudamiento familiar. Afirma que es «una de las principales estrategias de supervivencia de las familias argentinas» y remarca que, según los datos del Banco Central, “casi siete millones de personas están en situación de mora”.

Por último, el informe incluye la cuestión de la salud mental: define al problema como “una emergencia social y sanitaria” y puntualiza que “en la Argentina, una de cada cuatro personas presenta algún problema de salud mental”.

En esa línea, alerta sobre el número de suicidios: “En 2025, se registraron 5.209 suicidios, con una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, la más elevada de los últimos años y que supera ampliamente la media mundial, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) calcula en torno a los 9,1 casos”.

El estudio finaliza con una frase del papa Francisco: “Si los movimientos populares no reclaman, no gritan, no luchan, no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles”.