La norma crea un nuevo régimen para intervenir propiedades utilizadas para el narcotráfico y otros hechos delictivos. También prevé la recuperación de bienes y su destino para fortalecer la seguridad y la prevención.

El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles utilizados como centros de actividades delictivas o que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública.

Publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la norma declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención y recuperación de propiedades que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.

Entre las medidas que podrán aplicarse se encuentran el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva, con el objetivo de impedir que esos espacios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas. Estas acciones tendrán carácter preventivo y podrán extenderse por hasta seis meses, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones que motivaron la intervención.

La ley también establece que los casos que involucren ocupación efectiva de inmuebles, conflictos de posesión o medidas que excedan el carácter preventivo deberán ser resueltos por la Justicia.

Más herramientas contra el narcotráfico

La nueva legislación incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067, permitiendo que los fiscales especializados soliciten al juez medidas para hacer cesar el funcionamiento de un búnker de venta de drogas.

Entre las herramientas previstas figuran la clausura del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilegal, el aseguramiento de la propiedad y, en casos excepcionales, la demolición total o parcial de las construcciones utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada y respetando las garantías del debido proceso.

Crean un registro y una unidad especial

La normativa también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.

Cómo se distribuirán los bienes decomisados

Otro de los puntos centrales de la ley establece el destino de los bienes recuperados en causas de narcotráfico. El dinero obtenido por su venta será distribuido con un fin específico:

• 60% se destinará al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
• 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

Además, los vehículos y otros bienes decomisados podrán ser asignados por la Justicia a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar sus tareas operativas.