La norma crea un nuevo régimen para intervenir propiedades utilizadas para el narcotráfico y otros hechos delictivos. También prevé la recuperación de bienes y su destino para fortalecer la seguridad y la prevención.
La norma fue aprobada por unanimidad y permitirá actuar sobre búnkeres de droga, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial generó cuestionamientos de la oposición y también abrió interrogantes dentro del oficialismo sobre su implementación.
El gobernador Martín Llaryora presentó un proyecto que busca intervenir propiedades utilizadas para la venta de drogas o abandonadas que representen un riesgo para la seguridad. Parte de los bienes decomisados se destinarán a fortalecer la lucha contra el narcotráfico.