La norma fue aprobada por unanimidad y permitirá actuar sobre búnkeres de droga, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una herramienta que otorgará al Estado nuevas facultades administrativas y judiciales para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana. Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de la primera legislación de estas características en el país.

La nueva normativa permitirá actuar de manera temprana sobre propiedades identificadas como búnkeres de comercialización de estupefacientes, guaridas o aguantaderos del delito, así como también sobre edificios abandonados, desocupados o deteriorados que faciliten la comisión de hechos delictivos.

Entre las herramientas previstas se encuentran inspecciones, informes técnicos, intimaciones y medidas preventivas, como el cerramiento, tapiado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias del Poder Judicial y las garantías del debido proceso.

La ley establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación general, mientras que en los casos vinculados al narcomenudeo la coordinación estará a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo, con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Además, se creará una Unidad Interagencial integrada por organismos provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Policía, la FPA, municipios y comunas para coordinar las acciones previstas por la norma.

Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que permitirá centralizar y actualizar la información sobre los inmuebles alcanzados, realizar el seguimiento de las intervenciones y facilitar la planificación de las políticas de seguridad.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la ley busca recuperar espacios que hoy son utilizados por organizaciones delictivas y devolverlos a condiciones que garanticen la seguridad de los vecinos, complementando las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan en distintos puntos de Córdoba.