El proyecto impulsado por el Gobierno provincial generó cuestionamientos de la oposición y también abrió interrogantes dentro del oficialismo sobre su implementación.

El proyecto de ley antibúnker que impulsa el Gobierno de Córdoba volvió a instalar el debate sobre la seguridad y el combate al narcotráfico, pero también generó un fuerte impacto político. La iniciativa coloca al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en el centro de la escena y reaviva críticas de la oposición, mientras algunos sectores del oficialismo observan con cautela el alcance de la propuesta.

La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas para intervenir inmuebles utilizados para actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos, estableciendo un procedimiento administrativo que, en los casos que correspondan, deberá contar con autorización judicial para disponer desalojos o demoliciones. Además, prevé la creación de un registro específico y de una unidad encargada de administrar los bienes intervenidos.

Si bien existe consenso político sobre la necesidad de combatir los denominados «búnkeres narco», la oposición sostiene que el oficialismo tomó como propia una discusión que ya había sido impulsada desde otros bloques legislativos. Legisladores radicales y del PRO recordaron que habían presentado proyectos similares meses atrás y cuestionaron que el Ejecutivo haya monopolizado la iniciativa.

En paralelo, el tratamiento legislativo también generó inquietud dentro del oficialismo. Algunos dirigentes consideran que la futura aplicación de la norma pondrá bajo la lupa la gestión del Ministerio de Seguridad, ya que la sociedad esperará resultados concretos una vez que la ley entre en vigencia.

Desde el Gobierno provincial defienden el proyecto al señalar que ofrece una estructura jurídica más sólida que las propuestas anteriores, diferenciando claramente las facultades administrativas de aquellas que requieren intervención judicial para evitar posibles cuestionamientos de constitucionalidad.

Mientras avanza el debate en la Legislatura, la ley antibúnker se perfila como uno de los principales proyectos de seguridad de la gestión de Martín Llaryora, aunque su discusión también dejó al descubierto las diferencias políticas sobre la estrategia para enfrentar el narcotráfico en Córdoba.