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El gobernador Martín Llaryora presentó un proyecto que busca intervenir propiedades utilizadas para la venta de drogas o abandonadas que representen un riesgo para la seguridad. Parte de los bienes decomisados se destinarán a fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de herramientas específicas para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, favorezcan la inseguridad y el narcotráfico.
La propuesta establece un régimen administrativo y judicial para actuar sobre propiedades que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles desocupados o deteriorados que representen un peligro para la comunidad.
El proyecto contempla mecanismos de intervención temprana mediante actas de constatación e informes técnicos, con la posibilidad de aplicar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso.
En los casos más complejos, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, será la Justicia la que podrá disponer medidas de mayor alcance, incluyendo desalojos, demoliciones de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas y la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.
La iniciativa también prevé un esquema para que los recursos provenientes de bienes decomisados sean reinvertidos en el combate contra el narcotráfico. En ese sentido, el 60% de los fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Además, se propone la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, y los municipios y comunas.
La iniciativa también invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a suscribir convenios de cooperación para llevar adelante las intervenciones en cada territorio.
Con este proyecto, el Gobierno provincial busca recuperar espacios utilizados por organizaciones delictivas, reforzar la presencia del Estado en los barrios y avanzar en una estrategia integral contra la inseguridad y el narcotráfico.
