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En pleno conflicto abierto con la Justicia y el Gobierno, la Asociación del Fútbol Argentino decidió reprogramar la fecha 9.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que mantendrá el paro y confirmó que la fecha 9 del Torneo Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo.
A partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y decidieron que este fín de semana no habrá fútbol.
“La fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la Liga Profesional de Fútbol luego en sus redes sociales luego de la reunión que contó con los presidentes de los equipos de Primera División.
La AFA ya habría notificado a los presidentes de los clubes las tres alternativas posibles para recuperar la fecha 9: las opciones son el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo. Cada institución deberá manifestar su preferencia para avanzar en la definición del nuevo cronograma.
Por qué se reunieron los dirigentes
Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunieron esta tarde para definir si se levantaba o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia lo citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.
Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.
Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.
