La Libertad Avanza quería apurarlo, pero la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques federales le frenaron el impulso. Cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana.

El plenario de comisiones que trata de la ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), quien también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.

«Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas«, lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que les permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a 
partir de las modificaciones realizadas. 

La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza intentó apurar hoy, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

El oficialismo llegó esta mañana a la Cámara alta con el objetivo se llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada. 

Ayer, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó. 

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra «disolución total o parcial». 

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.   

Para defender su postura, aseguró que «no todos los organismos del Estado pueden dar superávit». Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau. 

Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos. 

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias. 

Lo mismo para el Correo Argentino: «Es un tema central para los pueblos del interior». En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que «sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario». Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales. 

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: «Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes». También tocó el tema previsional: «Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres». 

Por otro lado, en el Salón Gris, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabla Murphy, continuaron esta tarde atendiendo las modificaciones y puliendo la letra chica del texto que, como dijo Abdala, comenzaría a correr mañana.