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La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó una apelación del Estado nacional contra la medida que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas. La decisión no resuelve todavía si el Gobierno debe cumplir con la cautelar.
La disputa judicial entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo. La Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un planteo del Ministerio de Capital Humano y ordenó tramitar la apelación contra una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo, conocido este martes 20 de octubre, representa un avance para la estrategia judicial del Gobierno, que busca discutir la vigencia y el alcance de las obligaciones impuestas por la Justicia. Sin embargo, los magistrados no determinaron que la cautelar haya perdido vigencia ni resolvieron si el Estado cumplió con lo ordenado.
El conflicto se centra en la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de los fondos destinados a becas estudiantiles.
Qué resolvió la Cámara
La Sala III del tribunal consideró que el juzgado de primera instancia se había equivocado al rechazar la posibilidad de que el Estado apelara una resolución vinculada con la ejecución de la medida cautelar.
En consecuencia, habilitó el trámite del recurso para que la cuestión pueda ser revisada judicialmente. El Gobierno había argumentado que la cautelar tenía un límite temporal que ya habría vencido y cuestionó que se le exigiera cumplir con obligaciones cuyo alcance económico, según su postura, no estaba suficientemente precisado.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que los incrementos salariales aplicados durante el período analizado superaron la inflación acumulada y plantean diferencias respecto de las becas alcanzadas por la normativa.
No obstante, la Cámara aclaró que su decisión se limita a permitir la revisión del planteo y no implica un pronunciamiento definitivo sobre el cumplimiento de la ley.
El conflicto por los salarios y las becas
La causa se originó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones educativas contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez federal Martín Cormick había ordenado al Estado avanzar con las medidas necesarias para cumplir con la normativa y dispuso una cautelar que contempla la actualización de las remuneraciones universitarias y de las becas.
Ante la falta de cumplimiento que denuncian las instituciones demandantes, el magistrado también había intimado al Gobierno a ejecutar la medida dentro de un plazo determinado.
El Estado cuestionó esa decisión y buscó frenar las consecuencias de la ejecución judicial, al considerar que las obligaciones exigidas tenían un impacto presupuestario significativo y que debían revisarse sus fundamentos.
Las multas por incumplimiento siguen en discusión
Otro punto central de la disputa es la sanción económica impuesta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar.
El juez Cormick había establecido una multa diaria de $100.000, con posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. La medida busca presionar al Gobierno para que cumpla con las obligaciones fijadas judicialmente.
La Cámara también habilitó una apelación del Estado contra la intimación que le exigía cumplir en cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
Sin embargo, la concesión de ese recurso no significa que las multas hayan quedado automáticamente anuladas ni que se haya suspendido de manera general la obligación de cumplir con la cautelar. El alcance de esas medidas deberá definirse a medida que avance el trámite judicial.
Qué puede pasar ahora
El expediente volverá al juzgado de primera instancia para que continúe el procedimiento correspondiente y se tramite la apelación habilitada por la Cámara.
La resolución representa un respaldo procesal al reclamo del Gobierno, pero no constituye una decisión definitiva sobre el financiamiento universitario ni sobre la obligación de actualizar los salarios y las becas.
Mientras tanto, la controversia entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales continúa abierta. El resultado de las próximas instancias judiciales será determinante para establecer cómo se aplicará la ley, qué obligaciones deberá afrontar el Estado y si se mantienen las sanciones por el incumplimiento denunciado.
