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Mientras aguarda un fallo inminente de la Corte, abrirá un plenario de comisiones para discutir la norma sobre límites a la extranjerización de tierras en la ley de Propiedad Privada.
Mientras la oposición avanza en el reclutamiento de voluntarios para el quórum, el oficialismo quema las naves para hacer caer la sesión opositora del 15 de octubre en la Cámara de Diputados y así blindar el mega decreto de Necesidad y urgencia 70/23, considerada puertas adentro del Gobierno como la piedra angular de su modelo económico.
En ese sentido se propuso autoinfligirse el mal menor: reponer la Ley de Tierras (que el propio Gobierno derogó a través de un artículo que está siendo revisado por la Justicia hace casi tres años) para quitarle incentivos a los diputados dialoguistas que están pensando en dar quórum al solo efecto de ratificar las restricciones a la extranjerización de tierras.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General (presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio) fue convocado para el miércoles 14 de octubre a las 16 hs (es decir, el día previo a la sesión opositora) con el propósito de discutir la propuesta de incorporar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que consiguió media sanción en el Senado hace dos meses.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de La Libertad Avanza en Diputados, el oficialismo está dispuesto a restituir límites porcentuales a la extranjerización de tierras rurales, pero no a convalidar el tope de 1000 hectáreas en las zonas núcleo del país, como estipula la ley original.
El giro del Gobierno
Más allá de plantarse en esa cuestión, la sola idea de poner límites a la extranjerización sólo se explica en función de una lógica de pragmatismo puro y va en sentido contrario al espíritu que imperó en el Gobierno de Javier Milei, que desde un primer momento jugó a fondo para suspender la aplicación de la Ley de Tierras.
Lo concretó a través del decreto 70/23, pero no consiguió el objetivo producto de una medida cautelar ratificada en dos instancias judiciales que dejó en pie la vigencia de la norma.
El Gobierno siguió obsesionado con hacer caer la ley, y lo intentó infructuosamente en el Senado en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a través de un capítulo que contenía modificaciones para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.
Tampoco allí lo acompañó el destino, ya que la oposición activó campañas en redes y la movilización callejera hizo el resto del trabajo y le dio la fuerza para voltear ese capítulo en la Cámara alta.
El golpe en el Senado fue colosal y desmoralizador para el oficialismo, a tal punto que ya se había resignado a dejar a la Ley de Tierras en paz.
Ya no había más nada para hacer desde lo político-institucional. Los intentos habían salido mal y se estaba pagando un costo social alto. Era una batalla perdida.
El fallo de la Corte Suprema que convalidó la suspensión de la vigencia de la Ley de Tierras volvió a traer a escena el tema y deconcertó inclusive al propio Gobierno.
La oposición lamentó la resolución del máximo tribunal pero encontró una ventana de oportunidad para ir contra todo el paquete desregulador del decreto 70/23.
El pedido de sesión especial para el 15 de octubre, que incorpora como señuelo en el temario dos proyectos de alta sensibilidad social como la ley de Discapacidad y el alivio al sobre endeudamiento familiar, corporizó el plan opositor.
El Gobierno temió lo peor: que el fallo de la Corte se volviese en contra como un búmeran, y en consecuencia empezó a activar todo tipo de contactos con gobernadores aliados y fuerzas dialoguistas para desactivar el quórum.
La reposición de la Ley de Tierras, tan resistida por el Gobierno hasta hace cinco minutos, es una jugada tan insólita y arriesgada como inteligente, porque tiene como finalidad desincentivar la participación en la sesión opositora para darle el tiro de gracia al DNU 70.
«¿Para qué se van a subir a esa operación del kirchnerismo? Ya abrimos las comisiones para discutir ese tema y se va a resolver democráticamente sin necesidad de cosas raras. Ya estamos hablando con esos sectores que están más cerca nuestro y no van a ser parte de esa maniobra. No quieren quedar pegados al kirchnerismo. Además no le conviene a nadie que se rechace el DNU 70. Con ese decreto empezamos nuestro Gobierno y trajo muchos beneficios», señaló en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA) un diputado nacional de La Libertad Avanza.
El juego errático de la Corte
Aunque suene paradójico, la Corte podría hacerle un favor al oficialismo si a la brevedad diera lugar a un nuevo pedido de medida cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras.
El 29 de septiembre pasado dejó sin efecto la cautelar que había presentado el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por considerar que ese actor demandante no tenía legitimación procesal para llevar adelante el planteo.
La resolución del supremo tribunal provocó indignación en sectores movilizados de la sociedad, generó un clima espeso de protesta contra los cortesanos y precipitó los movimientos opositores en el Congreso.
A raíz de esa reacción, la Corte estudia volver sobre sus pasos y aceptar la nueva cautelar. Ya no podrá alegar falta de legitimación de la parte demandante, dado que esta nueva solicitud es impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades mapuches Lafkenche y la lof Fvta Anecon junto con la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.
Si la Corte restituyese la vigencia de la Ley de Tierras antes del 15 de octubre, le quitaría incentivos a sectores dialoguistas para bajar al recinto y votar en contra del DNU 70/23.
La calculadora de la oposición
Más allá de estas especulaciones, la oposición empieza a ilusionarse con la posibilidad de juntar quórum, algo que parecía imposible hasta hace solo 24 horas.
¿Qué ocurrió en el medio? El diputado de Elijo Catamarca Sebastián Nóblega confirmó que junto a sus dos compañeros Fernando Monguillot y Fernanda Ávila bajarán al recinto.
Además, en Provincias Unidas empieza a notarse una tendencia a favor del quórum. Al margen de las seis firmas que acompañaron el pedido de sesión, los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez ya anticiparon que serán de la partida, y se espera que hagan lo mismo Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.
La jefa del bloque, Gisela Scaglia, quien suele tener posturas alineadas al oficialismo, aún no decidió su decisión personal, pero cerca de ella reconocen que la mayoría del bloque bajará al recinto para ayudar a la oposición, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.
En el bloque Argentina Federal de nueve integrantes, los misioneros fueron los primeros en confirmar su participación, y la novedad es que se sumarían el formoseño Gerardo González y el salteño Bernardo Biella, de acuerdo a información aportada por Parlamentario.com.
Con estos «refuerzos», la oposición tendría una base sólida de más de más de 120 diputados y le daría empuje para salir a buscar a buscar el puñado de voluntades que le faltan para el quórum.
De más está decir que las negras también juegan, y el Gobierno ya ha demostrado ciertas habilidades en el pasado reciente para neutralizar las intenciones de la oposición.
Para esta nueva misión, el oficialismo cuenta con un aliado clave, la Corte Suprema, cuya resolución inminente sobre la Ley de Tierras mantiene en vilo al Congreso.
