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El plenario de las comisiones realizará una segunda reunión informativa con invitados propuestos por la oposición.
La Cámara de Diputados reanudará este martes en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, cuya discusión está atravesada por el fallo de la Corte Suprema que revocó un fallo que frenó las ventas de tierras a empresarios extranjeros.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para este martes a las 15.30, luego de haber terminado la semana pasada en forma abrupta por las acusaciones entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.
La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares libertarios Juliana Santillan (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).
En la reunión plenaria prevista para mañana expondrán especialistas propuestos por los legisladores de las diferentes bancadas políticos, entre los que figuran el ex ministro kirchnerista, Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.
También expondrán Jerónimo Guerrero Iraóla del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de la Plata(CECIM); Daniel Guzman del Observatorio Malvinas, Paula Litvachky del CELS, y los letrados de la UBA, Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.
También lo hará Mariana Altieri Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalistica y docente
universitario; Fernando Morales, Perito Naval VGM Pte Liga Naval Argentina y Victor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS)
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
