La Cámara del Crimen de Río Tercero impuso una pena de 7 años y 9 meses de prisión tras un juicio abreviado. La víctima denunció un extenso calvario de abusos, aislamiento y violencia que se extendió entre 2015 y 2025.

Roxana reconstruyó el momento en el que entendió que debía pedir ayuda. Alejada de su entorno, sin trabajo, atravesada por una enfermedad y bajo una relación que —según denunció— la mantenía completamente aislada, logró encontrar acompañamiento que le permitió avanzar con la denuncia contra su exmarido.

“Lo mío fueron siete años de abuso sexual con acceso carnal, extorsión, abuso psicológico, golpes y amenazas de muerte”, relató la mujer de 48 años en diálogo con ElDoce.tv. El acusado, identificado como R.A.L. de 64 años, fue condenado en los Tribunales de Río Tercero a siete años y nueve meses de prisión.

La sentencia fue dictada por la Cámara del Crimen de Río Tercero, a cargo de la jueza Guarania Barbero, con intervención del fiscal de Cámara Gustavo Martín. El hombre fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal continuado, desobediencia a la autoridad, coacción e impedimento de contacto de su hijo con su madre no conviviente.

De acuerdo con la causa, los hechos de violencia se habrían extendido entre 2015 y 2022, mientras la víctima atravesaba un proceso progresivo de aislamiento y dependencia emocional y económica.

Roxana recordó que la relación comenzó cuando vivía en la ciudad de Córdoba, en un contexto de vulnerabilidad personal. Con el paso del tiempo, aseguró, el vínculo se transformó en una dinámica de control, manipulación y violencia sistemática.

“Me hizo dejar el trabajo, me hizo dejar de andar en colectivo, me separó de mis parientes y me trajo a vivir a Santa Rosa de Calamuchita en 2020”, contó, al describir el proceso de aislamiento que —según su testimonio— fue profundizándose tras la muerte de sus padres.

En Santa Rosa de Calamuchita, la mujer atravesó además un diagnóstico de cáncer de cuello de útero. En ese contexto, el acompañamiento profesional en un centro de salud local fue clave para que pudiera comenzar a pedir ayuda formalmente.

“Esa persona se burlaba de mí diciendo que acá no había Unidad Judicial que me respalde”, recordó sobre su exmarido, al relatar los momentos previos a la denuncia.

El primer avance judicial se produjo en 2022, cuando el acusado fue denunciado tras una agresión física. Por ese hecho recibió una condena de 12 meses de prisión, de los cuales cumplió seis. Posteriormente, tras recuperar la libertad, volvió a incumplir restricciones y fue nuevamente detenido, recibiendo una pena de tres años y medio.

La víctima sostuvo que, pese a las medidas judiciales, el hostigamiento continuó incluso después de nuevas liberaciones, con episodios de amenazas y conflictos vinculados también a la tenencia de una hija en común.

El 29 de marzo de 2025, el acusado volvió a quedar en libertad, y según el relato de Roxana, el hostigamiento se reanudó de inmediato. Finalmente, el 5 de agosto de ese año fue detenido nuevamente tras la intervención policial en el domicilio.

El juicio se desarrolló en los Tribunales de Río Tercero y concluyó mediante un juicio abreviado, decisión que la víctima cuestionó al considerar que la pena resultó insuficiente.

“Fui la víctima perfecta para él”, expresó Roxana al describir los años de sometimiento, y aseguró que esperaba una condena mayor, comparando su caso con otros fallos de alto perfil.

La sentencia cerró un proceso judicial que se extendió por años y que expuso un largo historial de violencia denunciado por la víctima, quien aseguró haber logrado finalmente una respuesta judicial tras casi una década de padecimientos.