El juez federal Ariel Lijo investiga al jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito, dádivas y presuntos contratos irregulares en la TV Pública.

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

En paralelo, según se supo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.__IP__

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.