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La Municipalidad adhirió a la medida del Gobierno de Córdoba. En la ciudad se activaron protocolos en dos instituciones educativas.
La Municipalidad de Hernando confirmó su adhesión al nuevo protocolo impulsado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, que establece el recupero de costos ante falsas amenazas en establecimientos educativos.
La medida, dispuesta por el ministro Juan Pablo Quinteros, introduce un cambio central: cada intervención que implique el despliegue de recursos del Estado —como policía, brigadas especiales, bomberos y tareas investigativas— será cuantificada económicamente. Luego, esos gastos serán reclamados a los responsables o, en caso de tratarse de menores, a sus padres o adultos a cargo.
El objetivo es desalentar este tipo de conductas que generan alarma social y, al mismo tiempo, desvían recursos clave destinados a la prevención del delito en otros puntos de la provincia.
El protocolo prevé además que, una vez identificados los responsables, el Estado avance con intimaciones de pago e incluso acciones judiciales en caso de incumplimiento. La implementación se realizará de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, en el marco de una política de tolerancia cero frente a estas situaciones.
Dos casos en Hernando:
En ese contexto, a nivel local se registraron al menos dos episodios recientes en diferentes instituciones educativas. En ambos casos se activaron los protocolos correspondientes sin que se registraran mayores consecuencias.
En el hecho más reciente, la institución informó a las familias sobre la aparición de un mensaje anónimo con contenido amenazante y llevó tranquilidad al señalar que “la institución ha activado de manera inmediata los protocolos de seguridad y prevención previstos”, en línea con la normativa provincial.
Además, se dispuso un esquema de especial atención y acompañamiento pedagógico, con espacios de escucha para los estudiantes, y se solicitó a las familias reforzar el diálogo en el hogar y evitar la difusión de rumores.
“La escuela debe ser siempre un ámbito protector de derechos, y es nuestro compromiso trabajar colectivamente para que el diálogo y la resolución pacífica de conflictos prevalezcan sobre cualquier forma de violencia”, remarcaron desde el equipo directivo.
La adhesión de Hernando refuerza la implementación de esta política provincial, que incorpora no solo sanciones penales sino también un impacto económico directo para quienes generen falsas amenazas, en un intento por frenar una problemática en crecimiento dentro del ámbito escolar.
