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Esta situación ha agravado la ya crítica coyuntura de las farmacias, que se ven obligadas a afrontar compras a droguerías con pagos diferidos por parte de las obras sociales.
Ante este escenario, las pequeñas y medianas farmacias de la provincia de Córdoba, tanto en la capital como en el interior, han levantado sus voces para demandar soluciones a una situación que consideran insostenible y que pone en peligro su sustentabilidad financiera.
En una comunicación con fecha del 12 de septiembre, han solicitado una reunión «de carácter urgente» con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba y la Cámara de Farmacias del Centro Argentino, con sede en Villa María.
En dicho encuentro, buscan obtener información sobre los avances en las negociaciones que estas entidades mantienen con las obras sociales y prepagas. Asimismo, exigen una revisión conjunta de los contratos antes de su ratificación, la abolición de las bonificaciones, una actualización de los montos a recibir conforme a la inflación y el cumplimiento de los plazos de pago estipulados.
Además, requieren el establecimiento de un honorario profesional por cada receta presentada y el acatamiento de la Ley 8.302, que regula la venta de medicamentos únicamente en farmacias debidamente habilitadas en el territorio provincial.
María Reverte, una de las integrantes del grupo organizador de este movimiento, expresó su preocupación por la situación actual. «Al principio éramos cinco colegas y luego el movimiento se expandió. Hoy en día somos 400 farmacias unidas en el mismo reclamo», detalló. «Nuestra situación con las obras sociales es crítica y las instituciones que nos representan no están tomando cartas en el asunto, se niegan a concertar una reunión conjunta entre todos los farmacéuticos y ellas. Necesitamos con urgencia encontrar una solución, sentarnos y establecer nuevos acuerdos», añadió la farmacéutica.