Ignacio Martín tenía 19 años cuando en 2020 ejerció de forma ilegal la medicina en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Río Cuarto.

Al juicio el joven, que ahora tiene 22 años, llegó imputado por los delitos de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa. 

Ante este panorama, la fiscal de Cámara María del Rosario Fernández López, junto con el fiscal Pablo Jávaga habían solicitado nueve años de prisión.

Sin embargo, el tribunal resolvió absolver al joven de la figura de homicidio pero sí lo condenaron por los demás delitos y de esta manera recibió una pena de siete años de cárcel.

Ignacio Martín durante el juicio oral en Río Cuarto

Durante la sentencia, se informó que toda la información y evidencia recolectada fue enviada a la Fiscalía de Cuarto Turno de Río Cuarto para constatar si hay más implicados en el hecho. 

El abogado defensor de Martín celebró que le hayan quitado la figura de homicidio pero subrayó que la pena otorgada es «excesiva». Mientras que el abogado querellante resaltó que el tribunal «no contempló el pedido realizado, ni el de la Fiscalía”.

Por este motivo, los fiscales y el defensor solicitarán al Tribunal Superior de Justicia que el joven de 22 años sea también encontrado culpable por la muerte de un paciente. 

Ejercicio ilegal de la medicina:

Ignacio Martín llegó en 2020 a ser jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT), una unidad perteneciente al COE. El joven tenía 19 años y fue incorporado al sistema tras la convocatoria de profesionales de la salud por el avance de coronavirus en el país.

Hasta diciembre de ese año el chico, sin título que lo habilitara, hizo guardias, atendió pacientes, prescribió medicamentos, integró equipos de capacitaciones y hasta firmó certificados de buena salud.

Aun así, su juego terminó cuando el Ministerio de Salud inició con los trámites para la firma de un contrato. Allí constataron que la documentación presentada era falsa y desde ese momento comenzaron a llegar denuncias de pacientes.

La más graves de ellas es por la muerte de Nicolás Alejandro Bertol un joven de 29 años que había sido contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y tenía una cardiopatía congénita.