Se disipan las chances de que Juntos por el Cambio consiga 37 votos para aprobar la iniciativa venida en revisión de Diputados. Miles de propiedades se retiraron del mercado de alquileres en la última semana.

Luego de que ayer se inaugurara el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres en el Senado, las novedades no son buenas para quienes alientan la aprobación de la media sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio logró una mayoría ajustada con la ayuda de fuerzas minoritarias de la oposición.

A la consabida postura que el Frente de Todos explicitó ayer en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, donde manifestó su desacuerdo con varios de los puntos que propone la oposición, este miércoles se sumó el posicionamiento de Unidad Federal, que ayer ocultó sus cartas pero hoy trascendió que presentará su propia iniciativa.

De esta manera, se disipan las chances de que Juntos por el Cambio consiga los 37 votos que hace falta para aprobar la iniciativa venida de Diputados. 

Este empantanamiento de la reforma se produce en el peor contexto posible, ya que en la última semana miles de propiedades para vivienda se retiraron provisoriamente del mercado de alquileres luego de la media sanción de la Cámara baja, a la espera de que el Senado resuelva si convalida un nuevo marco normativo.

En total, la principal coalición opositora cuenta con 33 miembros, y hasta el momento sólo se aseguró el acompañamiento del senador rionegrino Alberto Weretilneck, por lo que le siguen faltando tres voluntades para completar el consenso que necesita en pos de convertir en ley la iniciativa.

El proyecto propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.

Este último aspecto es resistido por Unidad Federal, que advierten que no fijar como de obligatorio cumplimiento ningún criterio para la actualización de los precios de los alquileres daría pie a imposiciones arbitrarias por parte de los propietarios, que así tendrían margen para fijar las reglas y condiciones de los contratos, en detrimento de los inquilinos.

«El proyecto de Cambiemos trata como iguales a propietarios e inquilinos cuando sabemos que hay una desigualdad. Queremos discutir eso», confiaron a NA fuentes del bloque Unidad Federal. 

En las próximas horas desde esta bancada presentarán a la Cámara alta un proyecto de ley que, según interpretan, representa una opción «superadora» de la media sanción de Diputados y también del proyecto que empujaba el oficialismo en dicha cámara.

El dictamen del Frente de Todos, que fue rechazado en el recinto de Diputados, mantenía los tres años de plazo de los contratos que establece la normativa vigente, así como la indexación anual en base a una combinación de los indicadores que miden la evolución de los precios y los salarios.

La diferencia con la normativa vigente es que agrega un capítulo sobre beneficios fiscales para locadores, de manera tal de revertir la contracción de la oferta de alquileres.

Uno de los puntos que el oficialismo no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos.

Consideran que volver a los dos años de plazo solo ayudaría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.

«Que te empujen a hacer las valijas cada dos años es un montón. Demasiado ya están padeciendo los inquilinos», argumentaron fuentes de la bancada del Frente de Todos a Noticias Argentinas.  

También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.

Este último punto es una preocupación compartida con Unidad Federal, el bloque de seis senadores del peronismo disidente, que está conformado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos «Camau» Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.

En la reunión informativa de ayer, Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes, pero desde el oficialismo pusieron un freno a esas pretensiones y si bien coincidieron en darle celeridad al debate, pidieron tomarse el tiempo de convocar a especialistas y representantes de los sectores involucrados (propietarios, inquilinos, martilleros).

«En ningún momento, desde nuestro bloque dijimos que este tratamiento no era urgente. La situación no es la diferente mirada en cuanto a la urgencia, sino la diferencia que tenemos con el contenido de esta sanción que viene de la Cámara Baja», explicó la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

La mendocina recordó que el proyecto de Juntos por el Cambio «ya vino sin acuerdo de Diputados«, y afirmó que la idea del oficialismo es  «alcanzar un consenso posible en el Senado”.

«Si la media sanción, que es producto de un dictamen de minoría, hubiera salido con amplio consenso desde de la Cámara Baja, hoy no estaríamos en esta situación», apuntó.