La iniciativa tuvo 136 votos afirmativos, 108 negativos y 4 abstenciones.

La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto el Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.

La iniciativa fue sancionada en una sesión especial presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y contó con 136 votos a favor que fueron aportados por el Frente de Todos, interbloque Federal, Provincias Unidas, Bloque Ser, y diputados radicales que responden a los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés. 

De manera negativa se pronunciaron 108 legisladores, en su mayoría de los bloques de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Avanza la Libertad y el Frente de Izquierda. En tanto que se registraron 4 abstenciones, de diputados del radicalismo mendocino. 

El acuerdo fiscal fue firmado en marzo pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 mandatarios provinciales. El entendimiento no fue rubricado por San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El eje del debate de los legisladores de las distintas fuerzas -que se inició pocos después de las 13- fue si el acuerdo fiscal permite aumentar impuestos provinciales como Sellos e Ingresos Brutos, al dejar sin efecto la obligación de la baja de esos tributos firmado en el pacto del 2017. El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. 

Al abrir el debate, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, dijo que el proyecto de Consenso Fiscal acordado con las provincias busca «seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar diferencias que existen en las distintas regiones del país». Al hablar como miembro informante destacó que “no se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución”, y subrayó que «de ninguna manera el objetivo de este consenso es subir impuestos». 

Por su parte, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló -al defender el dictamen de rechazo elevado por la minoría- que la iniciativa del oficialismo apunta a «salvar a la política sacrificando a los contribuyentes» y «castigar a la economía». «Este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes y castigando a nuestra industria nacional, porque cargan sobre sus espaldas un impuesto que no existe en ninguna parte del mundo», agregó el legislador del PRO. 

En igual sentido, el radical Victor Hugo Romero rechazó el proyecto de Consenso Fiscal al señalar que «el crecimiento sostenido de la Argentina es con una estabilidad fiscal, pero el equilibrio fiscal no se logra aumentando impuestos, se logra trabajando en la evasión con una política inteligente de administración fiscal».

En cambio, el radical correntino Manuel Aguirre justificó su voto positivo al señalar que «el pacto jurídico fue firmado por nuestro gobernador (Gustavo Valdés)» y aprobado por la Legislatura «con lo cual seguramente lo aprobaré, porque este acuerdo es bueno para nuestra provincia». 

En la misma línea se expresó el radical jujeño Jorge Rizzotti, quien señaló que “este Consenso que ha acompañado nuestro gobernador (Gerardo Morales) no obliga a aumentar impuestos, y creo que es fundamental la defensa que hacemos desde el interior, que es el reconocimiento de las autonomías provinciales”.

Desde la bancada de derecha, el legislador de Libertad Avanza, Javier Milei, descalificó el acuerdo al afirmar que «vamos a rechazar esta basura de consenso» y señaló que «esto no es más que un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente. En ningún lado de la economía razonable se dice que se crece con más impuestos». En la misma línea se expresó el diputado de Avanza La Libertad, José Luis Espert, al afirmar que el «Consenso Fiscal se parece a feudalismo, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales debemos representar antes que ceder a los intereses de los gobiernos provinciales». 

Otro de los diputados provinciales que respaldó el proyecto fue el representante de Córdoba Federal, Carlos Gutierrez, quien señaló que «lo que hoy necesita la Argentina requiere de una reforma tributaria», a lo que agregó que «Córdoba demuestra responsabilidad institucional y va a acompañar este Consenso Fiscal». 

También expresó su respaldo el diputado de Juntos por Río Negro, Agustín Domingo, al sostener que «no se está aprobando impuestos provinciales porque acá lo que se está ratificando son los acuerdos que hizo el Poder Ejecutivo con los gobernadores». Dijo que «le falta mucho federalismo a este Consenso Fiscal. Se discute federalismo cuando se habla de recursos, de que el gasto del Gobierno tiene que ser equitativo con todas las provincias garantizando el envío de los recursos». 

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño advirtió que «esta ley de Consenso Fiscal que ha firmado el Gobierno Nacional es hija del pacto de coloniaje con el FMI. Los gobiernos provinciales quieren tener las manos libres para aumentar impuestos que van a recaer sobre los sectores populares». 

El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria. Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales. 

También contiene un capítulo denominado «endeudamiento responsable», que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera sólo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de «responsabilidad fiscal» fija que «la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB», entre otras cuestiones.