El dictamen del juez Martín Bava se presentó después de la presentación que hizo la defensa de Macri el 3 de noviembre cuando pidió ser sobreseído.

En la causa se investigan supuestos delitos de inteligencia «prohibidos por la ley» y no «actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional» ante lo cual «no resultaba necesario el relevamiento en cuestión», sostuvo.

El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están acusados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.