La mayor preocupación que recorre al supermercadismo con noviembre a la vista es hacer caja para poder solventar los gastos. “No vamos a salir a cerrar fábricas ni mucho menos supermercados. Ellos no son el problema”, fuente del Gobierno.

La Provincia envió este lunes un representante a la reunión convocada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, para disponer un operativo nacional tendiente a controlar el cumplimiento de la lista de Precios Máximos, pero en el Gobierno descartan de plano que vayan a producirse clausuras o multas.

“La postura oficial es la expresada por el gobernador (Juan Schiaretti): la Nación primero debería cuidar los precios en los combustibles, de la electricidad o del gas antes que pretender aplicar sanciones a otros”, comentó a La Voz una calificada fuente del Gobierno.

De la reunión con Feletti participó en representación de Córdoba el director de Defensa del Consumidor, Daniel Moussit, quien llevaba la expresa sugerencia de no asumir compromisos de ningún tipo y simplemente escuchar a los funcionarios nacionales.

Como reveló este medio el sábado pasado, la lista de Precios Máximos dispuesta por Feletti contiene casi una mitad de productos que ya fueron discontinuados por las fábricas, y otra porción que no se distribuyen en todas las provincias. Así, más del 60 por ciento de los 1.450 productos listados no tienen correlato con la realidad de las góndolas.

Córdoba es en gran medida una de las “capitales” alimentarias del país. En su territorio se encuentran compañías como Arcor, AGD, Dulcor, La Italiana, Manfrey, Sancor, Ilolay, y envasadoras como Coca Cola, con distribución en el centro del país. También, varios molinos harineros y fábricas de pastas secas, de galletitas, entre una larga lista.

También es significativa la participación de la industria cordobesa en los rubros de limpieza personal y del hogar, tanto con marcas propias de las empresas locales como por pedido de primeras marcas nacionales.

“No vamos a salir a cerrar fábricas ni mucho menos supermercados. Ellos no son el problema. Encima, en Buenos Aires desconocen las dificultades que tienen los costos logísticos en el interior. De ninguna manera”, señaló la fuente.

Además, en el Gobierno cordobés entienden que, en una provincia con 427 municipios y comunas, salir a controlar autoservicios, almacenes o proveedurías implica entrar en un “cuerpo a cuerpo” con los comerciantes “que ya está más que claro que no son los formadores de precios”, agregó el interlocutor.