La medida afecta a unas 300 estaciones de servicio en territorio cordobés y se extenderá a otras nueve provincias. El objetivo es priorizar el consumo residencial ante el fuerte aumento de la demanda por las bajas temperaturas.
Además de esos cuatro, hay otros dos legisladores cuyos casos también serán elevados a un Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini.