El ministro de Economía habló de las negociaciones que se llevan adelante con el organismo para firmar un nuevo acuerdo para salir del cepo. “Las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero”, expresó sobre la obra pública a las provincias.
La vicepresidenta se tomó una hora y media para responder a los fiscales que pidieron para ella 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También criticó al tribunal.
Los funcionarios judiciales acusaron a la vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. «La sentencia tiene que ser justa», dijo Luciani.
Intelectuales, dirigentes, más de 500 intendentes y referentes del campo cultural, los derechos humanos y periodistas advirtieron que se busca «proscribir» a la vicepresidenta.