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octubre 27, 2026
Tras aceptar modificaciones reclamadas por bloques aliados, el oficialismo logró avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados. La iniciativa contempla sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, y apunta a llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves 12 de noviembre.
El avance se produjo después de que La Libertad Avanza aceptara cambios solicitados por distintos bloques aliados para acercar posiciones y reunir los respaldos necesarios. La fecha prevista para el debate todavía podría modificarse por el calendario parlamentario y la visita del papa León XIV a la Argentina, programada para noviembre.
La iniciativa, impulsada desde el entorno presidencial, busca endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. El proyecto no se limita a los hidrocarburos: también alcanza otros recursos renovables y no renovables.
Cambios en las sanciones a las empresas
Uno de los principales puntos de discusión fue el alcance de las sanciones previstas para empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades consideradas ilegales por la Argentina en las áreas en disputa.
Las objeciones incluyeron advertencias de Estados Unidos sobre el posible impacto de la redacción original en compañías de ese país. En ese contexto, el oficialismo aceptó limitar la responsabilidad a las operadoras directas, las licenciatarias, determinados proveedores y los accionistas directos de los proyectos.
Con la modificación, quedan excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que no tengan intervención directa en las empresas involucradas.
El texto prevé multas y la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones vigentes en la Argentina. También contempla sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos.
Un Consejo de Seguridad Nacional y control parlamentario
Otro capítulo del proyecto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por funcionarios de áreas estratégicas, entre ellas la Jefatura de Gabinete, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía e Inteligencia.
El organismo tendría como objetivo coordinar las políticas de defensa, inteligencia y seguridad, además de intervenir en la evaluación de inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y actividades espaciales.
A pedido de los bloques aliados, también se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso. Su función será supervisar las decisiones del Consejo y recibir información sobre determinadas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
Modificaciones en el capítulo sobre injerencia extranjera
El proyecto también incluye disposiciones penales para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, intervengan de manera ilícita en procesos electorales o busquen condicionar decisiones de las autoridades argentinas.
Durante las negociaciones se precisó el concepto de campaña de injerencia extranjera, con referencias a acciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas. A su vez, se incorporaron exclusiones expresas para actividades como el periodismo, la investigación académica, la expresión pública de opiniones y la representación abierta y regulada de intereses.
Pese al dictamen de mayoría, algunos legisladores aliados firmaron con disidencias y reclamaron nuevas precisiones en determinados artículos. Por eso, el texto todavía podría experimentar modificaciones antes de llegar al recinto.
La fecha tentativa del 12 de noviembre marca el próximo objetivo del oficialismo, que busca avanzar con la iniciativa antes de que el calendario político y parlamentario complique las negociaciones de fin de año.
