Tras las advertencias de Estados Unidos por el posible impacto sobre sus empresas, el oficialismo modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las penalidades quedarían limitadas a los actores que participen directamente en actividades consideradas ilegales, mientras se excluye a los fondos con inversiones indirectas.

El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La modificación se produjo luego de que Estados Unidos expresara preocupación por las consecuencias que la iniciativa original podía tener sobre compañías de ese país.

Según informó Infobae, la nueva redacción restringe las penalidades a las empresas operadoras, licenciatarias, proveedoras y accionistas directas de los proyectos cuestionados. En cambio, quedan fuera del alcance de las sanciones los fondos de inversión que mantengan participaciones indirectas en las compañías involucradas.

Las advertencias de Estados Unidos

La revisión del proyecto se produjo después de las conversaciones entre funcionarios argentinos y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien manifestó el interés de Washington en proteger los intereses de sus empresas.

La preocupación estaba vinculada, entre otros casos, con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, junto con otras compañías asociadas. El alcance original de las sanciones podía involucrar a empresas vinculadas indirectamente con esas operaciones.

Cambios para sumar respaldo legislativo

Las modificaciones también forman parte de las negociaciones del oficialismo para reunir apoyos en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para el martes 27 de octubre, con el objetivo de avanzar en un dictamen.

Además de los cambios en el régimen de sanciones, el proyecto mantiene la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, que coordinaría políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior y tendría atribuciones para evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

El texto también incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que tendría facultades para controlar las decisiones del nuevo organismo.

Pese a las modificaciones, persisten diferencias entre los bloques legislativos. Algunos sectores de la oposición y de los espacios dialoguistas reclaman dividir la iniciativa para tratar por separado las medidas vinculadas con la soberanía sobre Malvinas y las reformas relacionadas con defensa, inteligencia y seguridad.

El debate parlamentario definirá si el oficialismo consigue las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto.