La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El oficialismo aceptó reincorporar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros para conseguir los apoyos necesarios. Como se introdujeron cambios, el proyecto deberá regresar al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, para alcanzar la mayoría, La Libertad Avanza debió ceder en uno de los puntos centrales de su política de desregulación: las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Según informó Infobae, las abstenciones de los seis diputados cordobeses fueron determinantes para que el oficialismo lograra aprobar la iniciativa.

Vuelven los límites a la compra de tierras rurales

Uno de los cambios incorporados al proyecto restablece la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, cuya derogación había sido dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La normativa establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También fija límites para la concentración de terrenos en manos de personas de una misma nacionalidad y contempla restricciones específicas para zonas de frontera y tierras que contengan cuerpos de agua relevantes.

La decisión representa un cambio respecto de la postura inicial del Gobierno nacional, que había impulsado eliminar esas limitaciones mediante el DNU 70/2023. La reincorporación de la ley fue parte de las negociaciones parlamentarias para avanzar con el proyecto de propiedad privada.

Qué otros cambios propone la ley

La iniciativa incluye modificaciones en los procedimientos de expropiación. Entre otros puntos, establece requisitos más estrictos para que el Estado pueda expropiar un inmueble: debe existir una declaración de utilidad pública y contempla el pago previo de una indemnización calculada según el valor de mercado, además del reconocimiento del lucro cesante.

Otro capítulo aborda los desalojos de inmuebles ocupados y busca agilizar los procedimientos judiciales para que los propietarios puedan recuperar sus bienes. El texto contempla plazos específicos y mecanismos de intervención judicial, incluidos resguardos para situaciones de vulnerabilidad.

Estos aspectos generaron diferencias entre el oficialismo y sectores de la oposición, tanto por el alcance de las garantías para los propietarios como por las consecuencias que podrían tener los cambios en materia de vivienda y acceso a la tierra.

El proyecto vuelve al Senado

Como Diputados introdujo modificaciones al texto que ya contaba con media sanción del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta. Los senadores tendrán que definir si aceptan los cambios incorporados o si insisten con la versión aprobada originalmente.

De esta manera, la aprobación en Diputados constituye un avance para el Gobierno, aunque la sanción definitiva de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada todavía depende del tratamiento legislativo pendiente.