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Buscan reunir documentación de todo el país para exigir el cumplimiento del fallo que ordenó regularizar los pagos de PAMI e Incluir Salud.
En medio de las demoras y deudas acumuladas en el sistema de atención a personas con discapacidad, prestadores de todo el país fueron convocados a realizar un relevamiento urgente de los montos que PAMI e Incluir Salud mantienen pendientes.
La iniciativa busca reunir documentación de profesionales, instituciones, transportistas, farmacias especializadas y otros prestadores para elaborar una auditoría técnica sobre las obligaciones impagas y presentarla ante la Justicia.
El objetivo es aportar pruebas actualizadas para impulsar el cumplimiento de un fallo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que ordenó regularizar los pagos correspondientes a prestaciones de personas titulares de pensiones no contributivas. Durante el proceso judicial se habían acreditado atrasos generalizados de hasta cinco meses.
La abogada Marta Lastra, impulsora del amparo colectivo, explicó que la situación no es igual para todos los prestadores: mientras algunos lograron reducir las demoras, otros todavía arrastran deudas desde diciembre de 2025.
“Nosotros estamos pidiendo este relevamiento para acercarle a la Justicia cuál es la situación de los prestadores en el país”, señaló Lastra.
Prestaciones en riesgo
El reclamo se produce en un contexto de creciente preocupación en el sector. En Córdoba, la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) declaró el estado de alerta por la falta de transferencia de fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales correspondientes a las prestaciones de junio.
Los prestadores advierten que las demoras en los pagos afectan la continuidad de los servicios y dificultan el sostenimiento de tratamientos, mientras deben afrontar salarios, impuestos y otros costos operativos.
Según Lastra, la problemática trasciende la cuestión económica y puede repercutir directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias, especialmente cuando se producen demoras en tratamientos, cirugías, medicamentos u otras prestaciones esenciales.
El relevamiento pretende así poner en números la deuda existente y aportar esa información como respaldo ante la Justicia, en busca de que se cumplan las obligaciones de financiamiento y se garantice la continuidad de las prestaciones.
