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Los efectivos fueron expulsados de la Policía de Córdoba por faltas gravísimas vinculadas a su actuación durante el crimen de Blas Correas. La madre del joven consideró insuficiente la medida y volvió a exigir que se investigue a la cúpula policial y a exfuncionarios provinciales.
A casi seis años del asesinato de Blas Correas, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resolvió la cesantía de siete efectivos de la Policía de Córdoba por su actuación durante el procedimiento del 6 de agosto de 2020. La medida administrativa alcanza a agentes que habían sido investigados e, incluso, algunos de ellos sobreseídos o absueltos por la Justicia en distintas instancias.
Los policías fueron citados a la Jefatura de Policía, donde se les notificó que quedaban separados definitivamente de la fuerza. La resolución sostiene que incurrieron en faltas gravísimas, principalmente por el incumplimiento del deber funcional de proteger la vida del adolescente herido y por otras irregularidades registradas durante el operativo y las horas posteriores al crimen.
Un policía cuestionó la decisión
Uno de los efectivos cesanteados, Rodrigo Emmanuel Toloza, aseguró que la sanción resulta injusta porque había sido absuelto de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado durante el primer juicio por el crimen.
El exagente sostuvo que retomó sus funciones en 2023 tras ser desvinculado de esas acusaciones y afirmó que continuará defendiendo su inocencia para «limpiar su nombre» y el de su familia.
El reclamo de la madre de Blas
La decisión también motivó la reacción de Soledad Laciar, madre de Blas Correas, quien dijo recibir la noticia con «sentimientos encontrados».
Si bien valoró que los policías fueran apartados de la institución, consideró que la investigación sigue concentrándose únicamente en los niveles inferiores de la fuerza. «Pretenden que me conforme agarrando a los de abajo», cuestionó.
Laciar volvió a reclamar que también se investiguen las responsabilidades políticas y de la conducción policial de la época. En ese sentido, reiteró sus cuestionamientos hacia el entonces gobernador Juan Schiaretti, el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y exjefes de la Policía de Córdoba.
El crimen de Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 durante un procedimiento policial en la ciudad de Córdoba, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la provincia y continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como político.
