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La Libertad Avanza tiene pendiente la sanción de los proyectos de Propiedad Privada, Zonas Frías, Super RIGI y Ley General de Sociedades.
La Libertad Avanza apuesta a destrabar en agosto en el Senado la sanción del paquete de leyes económicas que está frenado debido a la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas, ya que desde marzo solo logró aprobar el acuerdo con los fondos buitres.
Entre las iniciativas que el oficialismo considera prioritarias figuran el «Súper RIGI», la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías y la reforma de la Ley General de Sociedades.
A esa agenda de leyes económicas se agregará la reforma del Banco Central, considerada prioritaria para el Gobierno, ya que busca prohibir el financiamiento al Tesoro, reforzar la independencia de la entidad y establecer como objetivo único cuidar el valor de la moneda.
Tras haber aprobado en sesiones extraordinarias las leyes de reforma laboral y Glaciares desde la apertura del periodo ordinario solo pudo sancionar del paquete económico el pago a los fondos buitres.
Del paquete económico que está en el Senado la única que puede tener luz verde al reanudarse la actividad en la cámara alta, interrumpida por las vacaciones de invierno, es el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad» que se tratará el 6 de agosto, tras fracasar por falta de acuerdo en cuatro oportunidades.
Propiedad Privada: los detalles del proyecto
El Gobierno buscó cerrar el jueves pasado la interna abierta entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, por el proyecto de reforma de la Ley de Tierras.
Esas diferencias dentro del oficialismo, sumadas a la falta de respaldo de algunos bloques dialoguistas, obligaron a postergar por cuarta vez el tratamiento del proyecto durante la sesión del pasado 16 de julio.
En ese contexto, Bullrich defendió el jueves pasado ante Sturzenegger el acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas, que mantiene un rol para las provincias en la autorización de esas operaciones.
El entendimiento contempla que cada jurisdicción pueda intervenir en la aprobación de la venta de tierras a inversores extranjeros e, incluso, dictar su propia normativa sobre la materia, aunque Bullrich sostiene que no lo van hacer.
En la última versión (n15) se mantiene que se prohíbe puedan comprar tierra los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Se mantuvo que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.
Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.
Qué pasa con el Régimen de Zonas Frías
El proyecto de ley de Zonas Frías para limitar el subsidio a la Patagonia, Malargüe y la Puna se aprobó el 20 de Mayo en la Cámara de Diputados y desde el 22 de mayo se encuentra esperando su tratamiento en las comisiones de Minería, Energía Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrió al Senado el 1 de Julio para buscar convencer a los aliados de que acompañen el proyecto, pero no pudo destrabar su sanción ya que es rechazada por un sector del radicalismo, como los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, el marplantense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberg, sumado a aliados provinciales.
Esa iniciativa elimina el subsidio que desde 2021 se había ampliado a ciudades de 15 provincias con lo cual unos 1.7 millones de hogares no van a tener ese beneficio cuando se sancione la ley.
El Súper RIGI
El proyecto fue aprobado se aprobó el pasado 24 de junio, pero recién ingresó el 13 de Julio al Senado y se espera que en la primera semana de agosto pueda ser tratado en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Economía Nacional e Inversión, que presiden el libertario Agustín Villaverde y el macrista Martín Goerling.
El Súper RIGI es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
El oficialismo buscará convertir en ley este proyecto antes de fines de agosto con el objeto de dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
La Ley de Sociedad, otro objetivo de Sturzenegger
El proyecto ingresó al Senado el 29 de Mayo y desde esa fecha solo hubo una reunión informativa en la comisión de Legislación General, que preside Nadia Márquez.
El autor de la iniciativa, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso el pasado 24 de junio sobre esta propuesta que tiene como principal objetivo terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios, con lo cual las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.
Uno de los aspectos centrales es que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades
«Otro punto clave es que las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.
