La causa judicial apunta a empresarios y funcionarios por presuntos sobornos vinculados al sistema SIRA entre 2022 y 2023.

Una investigación judicial sacude al ámbito político y económico tras detectarse presuntos pagos de coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, está a cargo del fiscal Franco Picardi y tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Según surge de allanamientos, testimonios y análisis de documentación, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos para acceder al sistema de importaciones (SIRA), que permitía operar con dólar oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

Los montos investigados superarían los 3,5 millones de dólares y corresponden a operaciones reales, no simuladas. A cambio de los pagos, las autorizaciones se habrían acelerado, en algunos casos en plazos de hasta 48 horas.

En el expediente ya hay imputados varios operadores financieros, empresarios y al menos cinco funcionarios del Banco Central vinculados al área de supervisión. La Justicia también ordenó cerca de 30 allanamientos y solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas y empresas.

El foco está puesto en el funcionamiento del sistema SIRA, implementado entre 2022 y 2023 para regular el acceso a divisas para importaciones. Si bien el mecanismo buscaba ordenar la asignación de dólares oficiales, con el tiempo quedó bajo sospecha por supuestas maniobras discrecionales y pedidos de sobornos.

La investigación podría avanzar en los próximos días con la difusión de nuevos detalles, una vez que se levante el secreto de sumario, en una causa que vuelve a poner en debate el manejo de las importaciones en uno de los períodos más restrictivos del cepo cambiario en Argentina.