El nuevo protocolo obliga a cubrir los costos de seguridad a quienes realicen intimidaciones. Apunta a frenar una problemática en crecimiento.

El Gobierno de Córdoba anunció un nuevo protocolo que establece que quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que se activen en cada caso. La medida fue formalizada por el Ministerio de Seguridad provincial.

Según se informó, los gastos derivados de la intervención de fuerzas policiales, brigadas especiales, bomberos y equipos de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores de edad e identificados por la Justicia.

El procedimiento prevé que, tras cada episodio, se realice un cálculo detallado de los recursos humanos y materiales utilizados. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales para recuperar los costos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el alcance de la medida: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito”.

Además, remarcó la gravedad de este tipo de hechos: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal… Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

Desde la Provincia indicaron que el protocolo se implementará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y áreas administrativas, en el marco de una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas.

La medida busca desalentar estas acciones que, además de generar alarma social, desvían recursos clave de seguridad y afectan el normal funcionamiento de las instituciones educativas.