Con el voto de la mayoría, la Unicameral dio luz verde al proyecto que busca ordenar el uso del espacio público y habilita a los municipios a definir esquemas autorizados.

La Legislatura de Córdoba sancionó por mayoría una ley que prohíbe la actividad de los denominados “naranjitas” ilegales en toda la provincia, al tiempo que habilita a los municipios a regular su funcionamiento mediante ordenanzas locales. La iniciativa fue aprobada con 51 votos a favor y 19 en contra.

El proyecto, impulsado por Agost Carreño, fue consensuado con propuestas de Matías Chamorro y los radicales Matías Gvozdenovich e Inés Contrera. También incorporó parcialmente una iniciativa de Gregorio Hernández Maqueda, especialmente en lo referido a la prohibición de los limpiavidrios.

El eje central de la normativa establece que la actividad de cuidacoches quedará prohibida, salvo en aquellos casos en que cada municipio decida autorizarla bajo un esquema regulado. En esos escenarios, los trabajadores deberán estar identificados, operar en zonas habilitadas y cobrar únicamente las tarifas oficiales fijadas por las autoridades locales.

Desde el oficialismo, el legislador Juan Manuel Llamosas señaló que la ley busca “dar certezas” y brindar herramientas a la Policía para actuar frente a quienes desarrollen la actividad sin autorización. Además, remarcó que la iniciativa contempla la necesidad de generar políticas de inclusión laboral para quienes hoy dependen de esta tarea.

Por su parte, Matías Gvozdenovich acompañó el proyecto en general, aunque planteó reparos respecto a las sanciones, al considerar que no es viable avanzar con medidas punitivas masivas.

Uno de los puntos más contundentes de la ley es la prohibición total de los limpiavidrios en la vía pública, incorporada a partir del proyecto de Hernández Maqueda, quien, sin embargo, cuestionó que el nuevo esquema mantenga la posibilidad de habilitar cuidacoches bajo regulación municipal.

En cuanto a la venta ambulante, la norma deja en manos de cada municipio la definición de políticas y regulaciones, en función de sus competencias sobre el uso del espacio público.

Con esta medida, la provincia busca ordenar una actividad que durante años funcionó con escaso control, en medio de reclamos por seguridad, convivencia urbana y condiciones laborales.