Un informe oficial advierte que el país alcanzó la tasa más alta de presos de su historia, con cárceles que funcionan por encima de su capacidad y fuertes disparidades entre provincias.

Argentina registra la tasa más alta de encarcelamiento de su historia, de acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. El documento expone un crecimiento sostenido de la población privada de la libertad, elevados niveles de sobrepoblación carcelaria y marcadas diferencias entre las jurisdicciones provinciales.

Según el relevamiento, al 31 de diciembre de 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en el país, lo que representa una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes. Se trata del valor más alto registrado hasta el momento y refleja una tendencia de crecimiento que, con la única excepción de 2020 por el impacto de la pandemia, se mantuvo constante durante los últimos 25 años.

El informe señala que el aumento del encarcelamiento se aceleró en 2024, con una suba interanual del 7,1%, por encima del promedio histórico del 6%. Este crecimiento no logró ser absorbido por la ampliación de plazas penitenciarias y derivó en un sistema que, a nivel nacional, opera al 130,2% de su capacidad: es decir, 130 personas alojadas donde hay lugar para 100.

Las tasas más elevadas de presos por habitante se concentran en cinco provincias. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).

En la última década, la población carcelaria del país creció un 67,7%, aunque con comportamientos desiguales según la provincia. Santa Fe mostró el incremento más pronunciado, con un 244,8%, seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). En estas tres jurisdicciones, la cantidad de personas detenidas se duplicó entre 2015 y 2024.

Desde el CNPT explicaron que, si bien durante 2024 varias provincias ampliaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, gran parte de las nuevas plazas se utilizaron para trasladar detenidos que se encontraban en comisarías.

“Esto produjo un aumento del encarcelamiento, pero no redujo de manera significativa la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales, que apenas se estabilizó”, señala el informe.

El estudio también analiza la situación judicial de la población carcelaria. A nivel nacional, el 62% de las personas privadas de la libertad se encuentra condenada, mientras que el 37,3% permanece procesada, sin sentencia firme.

No obstante, las diferencias entre provincias son marcadas: Neuquén presenta el mayor porcentaje de condenados, con un 99,6%, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, todas por encima del 90%. En el otro extremo, Formosa, Córdoba, Buenos Aires y Misiones superan el promedio nacional de personas encarceladas sin condena.

En cuanto a los delitos, el informe indica que los vinculados contra la propiedad concentran la mayor proporción, con el 36,4% del total de personas detenidas. Les siguen los delitos contra las personas (21,7%) y los delitos contra la integridad sexual (20,5%).

El panorama descripto por el CNPT vuelve a poner en agenda el debate sobre el uso del encarcelamiento, la sobrepoblación penitenciaria y las condiciones de detención en el país, en un contexto de crecimiento sostenido del sistema penal.