El gobernador respaldó la normativa aprobada por la Legislatura que declara la emergencia previsional, fija un esquema de aportes para activos y redefine beneficios para jubilados provinciales.

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, oficializó la puesta en marcha de la reforma previsional que acompaña al Presupuesto 2026, tras su aprobación en la Legislatura provincial, e informó las nuevas alícuotas de aportes personales que regirán para los trabajadores activos del sector público.

La normativa, aprobada en medio de un intenso debate legislativo, declara en emergencia económica, financiera y administrativa al sistema previsional público provincial por un plazo de cinco años, con posibilidad de prórroga, ante el déficit estructural que enfrenta la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

Entre los principales puntos de la reforma, se estableció la facultad del **Poder Ejecutivo provincial para adecuar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8 % adicional sobre las existentes, en función de escalas progresivas de salario. Esta medida fue presentada como necesaria para garantizar la sustentabilidad financiera del régimen jubilatorio, aunque sectores sindicales y gremiales han manifestado su rechazo a posibles impactos sobre los salarios.

Asimismo, la norma contempla un adicional mensual no remunerativo destinado a compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber jubilatorio, con el objetivo de alcanzar un 82 % móvil para jubilados provinciales con menores ingresos, beneficiando a unos 60.000 pasivos con haberes cercanos a $1.300.000. Sin embargo, este beneficio no constituye una restitución universal del 82 %, sino una compensación focalizada.

El marco normativo también incluye la suspensión temporal del Fondo Solidario para Desequilibrios, durante la vigencia de la emergencia previsional, y la posibilidad de que el Ejecutivo transfiera la administración de subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo requieran.

La sanción de estas medidas se dio en una sesión extendida y con tensión política, marcada por la protesta de diversos gremios estatales que rechazaron el aumento de aportes, advirtiendo que impactará en trabajadores y empleados públicos.