La iniciativa oficialista crea un organismo autónomo para supervisar cárceles y alcaidías, pero generó fuertes críticas de la oposición por el costo y diseño de sus cargos.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó este jueves la ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial, un nuevo organismo con autonomía funcional en la órbita del Poder Judicial, destinado a inspeccionar y supervisar el sistema penitenciario —incluidas cárceles y alcaidías— y promover medidas para la protección de derechos de personas privadas de su libertad.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora oficialista Nadia Fernández, presidenta de la Comisión de Seguridad, quien defendió el proyecto como una forma de fortalecer los mecanismos de control y adecuarlos a estándares nacionales e internacionales. El texto establece la figura de un procurador penitenciario con mandato de cinco años, posibilidad de reelección y la facultad de nombrar hasta cuatro procuradores adjuntos y dos secretarios técnicos.

Debate y críticas por costos y estructura

La sesión estuvo marcada por tensiones políticas. Legisladores de la oposición, incluidos representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), abandonaron el recinto durante el debate, argumentando que la ley promueve una estructura onerosa y poco transparente.

En particular, cuestionaron que los cargos previstos percibirán remuneraciones similares a las de un vocal del Tribunal Superior de Justicia o de un Defensor General, lo que, a juicio de los críticos, implicaría costos elevados para las arcas provinciales sin mecanismos claros de control ciudadano ni concursos públicos para la designación de los titulares.

La legisladora radical Brenda Austin calificó la creación del organismo como “una burla a los cordobeses”, sosteniendo que fue aprobada “de espaldas a la gente y con fines políticos”

Además, organizaciones como la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba ya habían expresado objeciones al proyecto por inconsistencias respecto a estándares internacionales y la falta de independencia real del organismo creado, lo que pone en debate su diseño institucional.

A pesar de las críticas, la ley fue aprobada y se constituye como un nuevo instrumento formal para el control penitenciario en la provincia, aunque su implementación y financiamiento seguramente seguirán siendo objeto de debate público y político en los próximos meses.