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El Ejecutivo nacional formalizó este martes el envío al Congreso de los proyectos elaborados por el Consejo de Mayo —órgano asesor impulsado por Javier Milei— con un conjunto de reformas estructurales destinadas a redefinir pilares del Estado, la economía y el mercado laboral en Argentina.
Entre los ejes más relevantes figuran la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en la Ley de Expropiaciones que garantizan indemnizaciones al valor de mercado, tasaciones independientes y procesos de desalojo más ágiles ante ocupaciones. También incluye modificaciones al régimen de tierras rurales, habilitando la compra por privados extranjeros bajo nuevas normativas.
Otro de los pilares del paquete es el equilibrio fiscal, a través de una Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria que prohibirá déficit presupuestario y regulará el gasto público. El objetivo oficial es reducir a mediano plazo el gasto estatal a niveles cercanos al 25 % del PBI.
La reforma tributaria busca simplificar el sistema impositivo, aliviar la carga sobre la producción y el consumo, incentivar la formalización laboral y fomentar inversiones. Entre las medidas figuran la eliminación de impuestos internos y cedulares, exenciones en IVA para ciertos sectores, reducción de cargas laborales para nuevos empleos y un régimen especial para inversiones medianas.
En materia laboral, se propone modernizar las normas vigentes: eliminación de la “ultractividad” de convenios colectivos, prelación de convenios de empresa o región sobre los nacionales, reducción de cargas sobre el empleo, regulación de trabajo agrario y de plataformas digitales, y flexibilización de contratos, con el fin de promover empleo formal y reducir la informalidad.
También se propone revisar normativas ambientales y de recursos naturales —incluyendo reformas a la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques— con el objetivo de promover la explotación racional del territorio, flexibilizar regulaciones y fomentar inversiones productivas.
Finalmente, el plan incluye medidas para abrir la economía al comercio internacional, reduciendo barreras arancelarias y para-arancelarias, incentivando la exportación y modernizando el marco normativo para favorecer la competitividad externa.
Según lo indicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ocho de los diez puntos originales del pacto firmado en 2024 fueron desarrollados por el Consejo de Mayo y ahora serán elevados como proyectos de ley al Congreso, con tratamiento en sesiones extraordinarias.
Este paquete de reformas marca una pauta histórica en la intención de reconfigurar de raíz las bases económicas, laborales y productivas del país. Sin embargo —y como ya ocurrió con otras iniciativas similares— el debate que se avecina será clave: tendrá que discutirlo el Congreso, donde distintas fuerzas, sectores sociales y actores económicos evaluarán las implicancias de los cambios.




