Lo dijo la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa.

La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada para detallar los cambios que el Gobierno nacional busca introducir en el Código Penal, proyecto que será enviado al Parlamento para ser tratado en sesiones extraordinarias.

Bullrich, quien también es senadora electa, aseguró que el objetivo central de la iniciativa es el agravamiento de penas, la introducción de nuevas figuras delictivas y la declaración de imprescriptibilidad para varios delitos. Con estas reformas, la funcionaria estima que el 82% de los delitos pasarían a tener prisión efectiva. Además, aclaró que este código penal será de “cumplimiento efectivo por todas las provincias”.

Endurecimiento de penas y cumplimiento efectivo

Una de las principales metas de la reforma es terminar con la situación de que los delincuentes reincidan rápidamente. Bullrich afirmó que la lógica de encontrar al mismo delincuente a la vuelta de la esquina “se termina”.

La reforma busca establecer una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas. La funcionaria condenó la filosofía de que robos menores, como un celular, o incidentes de “motochoros” “no importan,” enfatizando que “todo importa” porque es un ataque a la gente, genera un daño y roba la propiedad privada.

En cuanto al manejo de armas, se endurece la postura: si alguien sale con un arma, la condena será “taxativa, concreta” y no habrá “interpretación judicial posible,” incluso si el arma no estaba cargada o no había intención de usarla.

Entre los agravamientos específicos, se incluyen:

• Homicidio: la pena máxima aumenta de hasta 25 años a 30 años.
• Homicidio agravado: se suma como agravante si la víctima es un menor de 16 años (indefenso) o un mayor de 65. También se incluyen casos de magnicidio (matar a un presidente o ministros) y si se asesina a un miembro de un centro educativo (como directivo de una escuela) en su condición.
• Conducción imprudente: la figura, que venían luchando las madres del dolor, cambia sus penas. La pena simple sube de 1-3 años a 2-6 años, y la figura agravada aumenta de 2-4 años a 3-6 años. Si el conductor es imprudente, por ejemplo, mirando el celular, tendrá una “pena seria, grave”.
• Condenas perpetuas: las condenas perpetuas “no van a tener límite temporal”, lo que significa que la sentencia será “para toda la vida”. Además, si una persona comete múltiples homicidios, las condenas se suman, pudiendo generar penas “muy altas”.
• Ejecución de condenas: para las condenas graves, el Gobierno planteará que se rechacen “todos los recursos” que busquen evitar que las penas se cumplan completamente. La regla será: “Condena grave, cumplís la condena completa”.

Delitos imprescriptibles y corrupción

La reforma busca que los delitos graves y gravísimos sean imprescriptibles.

Estos incluyen:

• Homicidio agravado.
• Abuso sexual en todas sus modalidades.
• Corrupción de menores, sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales.
• Trata de personas y secuestros extorsivos.
• Atentados al orden constitucional y al sistema democrático.
• Procesos contra organizaciones criminales, terrorismo y tráfico de estupefacientes.

Respecto a la corrupción, Bullrich condenó que estos delitos dejen de tener penas de 5 o 6 años. Las penas ahora serán “graves y gravísimas”. El vocero presidencial Adorni agregó que un político condenado por corrupción, citando ejemplos como De Vido o Cristina Kirchner, perderá su jubilación de privilegio. Bullrich insistió en que un funcionario tiene mayor responsabilidad y si comete faltas, “las va a pagar fuerte”.

Legítima defensa y derechos de las víctimas

Otro pilar de la reforma es “robustecer el concepto de legítima defensa”. El proyecto buscará que la presunción esté siempre a favor de quien se defiende.

Además, se fortalecerá la participación de las víctimas. Las víctimas de delitos o sus familiares, en caso de fallecimiento, “van a tener la posibilidad de intervenir en todo momento”. Esto implica la obligación de convocar a las víctimas cuando se otorguen beneficios como una condena condicional, salida transitoria, salida educativa o salida condicional.

La iniciativa en general también contempla la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.