El presidente rechazó en su totalidad el proyecto que garantizaba fondos específicos y mejoras salariales para docentes y no docentes. La decisión desató una nueva pulseada con la oposición y el sistema universitario.

El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles el veto total a la Ley Nº 27.795, que había sido aprobada en el Congreso el pasado 21 de agosto y que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública junto con la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida quedó oficializada a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El proyecto, conocido como “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial”, buscaba garantizar la protección del presupuesto universitario y contemplaba partidas específicas para infraestructura, investigación, becas, digitalización y programas de bienestar estudiantil. Además, establecía que los gastos de funcionamiento de las universidades debían actualizarse desde enero de 2025 según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el veto, la Casa Rosada volvió a remarcar su postura de “mantener el control del gasto público” y evitar lo que considera una intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la decisión abre un nuevo frente de conflicto con las universidades, que vienen reclamando mayores recursos frente al recorte presupuestario, y con la oposición parlamentaria, que había celebrado la sanción de la norma como un avance en la defensa de la educación superior pública.

El rechazo al proyecto amenaza con profundizar la crisis universitaria en un contexto de alta conflictividad, marcado por marchas federales, paros docentes y advertencias de rectores sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento de varias casas de estudio si no se garantiza el financiamiento.