Un vecino de San Francisco fue engañado por un falso agente bancario que, tras obtener acceso a su home banking, gestionó un préstamo no solicitado y transfirió el dinero a terceros.

Un vecino de San Francisco, Córdoba, fue víctima de una ciberestafa luego de vender su moto y recibir una llamada de un falso agente bancario. El supuesto empleado le informó que existía un problema con la transferencia realizada por el comprador y le solicitó reiniciar la función de “home banking” en su teléfono.

Pocos minutos después, el hombre descubrió que se había aprobado un préstamo de $1.642.500 a su nombre, que nunca solicitó, y que desde su cuenta se habían realizado dos transferencias de $700.000 a una cuenta de Mercado Pago.

A pesar de reclamar de inmediato, no obtuvo respuestas satisfactorias de la entidad financiera. El caso terminó en la Unidad Judicial de San Francisco y derivó en una demanda contra el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. El juez Carlos Ignacio Viramonte falló a favor de la víctima: declaró la nulidad del crédito, ordenó la devolución de las cuotas debitadas, otorgó $700.000 por daño moral y aplicó una multa civil de $3.285.000 por incumplir medidas de seguridad y no brindar trato digno al cliente.

La abogada de la víctima, Noelia Francucci, explicó a ElDoce.tv que la pericia informática comprobó ingresos al home banking desde direcciones IP inusuales para el cliente el día de la estafa. “Se probó que falló el sistema de seguridad del banco y que no verificaron la identidad antes de otorgar el préstamo”, indicó.

Según la letrada, el fallo reconoce la responsabilidad objetiva del banco en el marco de una relación de consumo y marca un precedente importante contra las ciberestafas. “Nuestro cliente no solo sufrió un perjuicio económico, sino también un padecimiento psicológico. Fue revictimizado por la falta de respuesta y asesoramiento”, remarcó.

La sentencia obliga a la entidad bancaria a devolver todo lo debitado y pagar una indemnización millonaria, convirtiéndose en un antecedente relevante para otras víctimas de delitos digitales que busquen justicia en los tribunales.