El haber mínimo pasará de $380.000 a $700.000 y se suma un bono bimestral para quienes cobran hasta $1.300.000. “Es un acto de justicia para quienes más lo necesitan”, dijo el Gobernador.
El gobernador Martín Llaryora anunció este lunes un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, junto con la implementación de un bono bimestral de $100.000 destinado a jubilados que perciben hasta $1.300.000. Ambas medidas beneficiarán a quienes tienen los haberes más bajos dentro del sistema previsional cordobés.
El anuncio se dio en el marco de la recepción parcial de fondos nacionales que el Gobierno de Córdoba reclama por la deuda de la Caja de Jubilaciones. Llaryora explicó que, gracias a la llegada de esos recursos, la Provincia puede llevar adelante esta mejora, aunque advirtió que el refuerzo se mantendrá solo mientras se mantengan esos envíos.
“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, señaló Llaryora. “Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno Nacional mantiene con Córdoba”.
La medida posiciona a Córdoba con uno de los haberes mínimos jubilatorios más altos del país, en un contexto económico donde la pérdida de poder adquisitivo golpea especialmente a los adultos mayores.
Además, el Gobernador agradeció el respaldo de los legisladores nacionales, instituciones y vecinos que acompañaron el reclamo ante Nación.
“Este logro demuestra que cuando en Córdoba trabajamos juntos, con firmeza y humildad, obtenemos resultados reales. No hay dudas de que pelear por lo que le corresponde a Córdoba da frutos concretos”, afirmó.
El bono de $100.000, que será no contributivo y de carácter bimestral, se suma como un complemento a los ingresos de miles de jubilados que, si bien superan el haber mínimo, aún se encuentran dentro de los sectores más vulnerables del sistema previsional provincial.
Desde el Gobierno provincial destacaron que estas decisiones no sólo responden a una cuestión de justicia social, sino también a una política activa de defensa de los intereses de Córdoba frente a los desequilibrios en la distribución de fondos nacionales.
