Profesionales, centros especializados y familias llaman a tomar medidas urgentes ante la crisis en los apoyos escolares y terapéuticos. Reclaman respuestas inmediatas del Estado para evitar el desmantelamiento del sistema.

Distintas organizaciones, instituciones y profesionales de la Provincia de Córdoba vinculados a la atención de personas con discapacidad han emitido dos comunicados con un mensaje urgente y contundente: el sistema de apoyos escolares y servicios especializados está al borde del colapso, producto del desfinanciamiento, los retrasos en los pagos y la falta de actualización arancelaria por parte del Estado Nacional.

Uno de los comunicados, dirigido a las instituciones educativas de todos los niveles, alerta sobre la crítica situación que atraviesan las Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI), cuyo trabajo es fundamental para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad en las aulas comunes. “La continuidad de las DAI está comprometida. Si esta situación no se revierte, muchos niños y niñas podrían quedar sin el acompañamiento indispensable para su trayectoria escolar, poniendo en riesgo su derecho a una educación inclusiva”, advierten.

Además, destacan que esta realidad impacta también en los docentes de grado, quienes deben responder ante situaciones que exceden sus competencias sin contar con el respaldo necesario, afectando la calidad educativa para todos.

El segundo documento, firmado por más de 40 instituciones, cooperadoras, centros terapéuticos y profesionales independientes, expresa su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se desmantele un sistema de atención integral que ha sido modelo en América Latina y ha permitido durante décadas garantizar derechos fundamentales a personas con discapacidad.

Entre los puntos más críticos señalados se encuentran:

• Cero incremento de aranceles en lo que va de 2025.
• Congelamientos prolongados y aumentos muy por debajo de la inflación durante 2024.
• Duplicación de los costos operativos, sumado a mayores exigencias de documentación, trámites y rendiciones.
• Riesgo real de cierre de instituciones, pérdida de fuentes laborales y disolución de equipos profesionales interdisciplinarios.

Ambos textos destacan que, de no mediar respuestas urgentes, el servicio dejará de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un privilegio reservado solo a quienes puedan costearlo de forma privada.

Por ello, solicitan con carácter urgente una audiencia con el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer para presentar de manera directa el panorama actual, plantear soluciones concretas y reclamar una acción inmediata y articulada.

También se dirigieron al sistema educativo, a los sindicatos docentes y a la sociedad civil en su conjunto, con el objetivo de visibilizar el problema y evitar que la atención a personas con discapacidad quede al margen de las prioridades del país.

“La educación y la salud de personas con discapacidad no pueden ser variables de ajuste. Si el Estado se retira, los derechos se caen”, concluyen los comunicados. A su vez, llaman a todos los sectores a unirse para preservar un sistema que garantiza inclusión, dignidad y oportunidades reales para miles de niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad.

Ver y descargar los comunicados.