Más de 60 instituciones de toda la provincia accedieron a un apoyo económico para fortalecer la capacitación, inserción laboral y desarrollo de habilidades. Desde que se abrió la convocatoria hasta el momento, se recibieron 110 proyectos que beneficiarán a más de 12 mil personas.

El gobernador Martín Llaryora junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezaron el acto de entrega de fortalecimientos a 63 instituciones, fundaciones y asociaciones que vienen trabajando junto con la comunidad para acortar las brechas de la discapacidad.

El apoyo económico permitirá concretar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Desde que se abrió la convocatoria en abril pasado hasta el momento, se recibieron 110 proyectos que alcanzarán a más de 12 mil beneficiarios. 
En ese sentido, el mandatario provincial anunció la entrega de 1.000 millones de pesos para “cumplir con todos los proyectos que ya están preseleccionados”.

Cabe destacar que las instituciones beneficiarias pertenecen a toda la provincia y son las primeras que acceden al fondo de financiamiento, integrado por el 2% del Impuesto Inmobiliario Urbano que sancionó la Legislatura el año pasado (ley 10.928), con la perspectiva de garantizar la continuidad de una política pública que promueva la autonomía de las personas con discapacidad.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que de los proyectos recibidos, 51% corresponden a capital y 49% al interior: «El federalismo es central para que esta iniciativa alcance todos los rincones de nuestro territorio. Es muy importante que el Gobierno, en un momento tan crítico, le extienda la mano a este tipo de instituciones cordobesas».

El comité evaluador, encargado de analizar y aprobar los proyectos para su financiamiento, está integrado por la secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, junto con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Una política de Estado

El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico y significó la efectiva puesta en marcha del Programa Provincial de Promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones, que procura reemplazar el paradigma de la dependencia por el de la autonomía.

El mencionado programa implica una apuesta por un modelo participativo que abre la decisión de la inversión a las instituciones que trabajan en el tema, replicando una experiencia que el actual gobernador instrumentó en la ciudad de Córdoba cuando fue intendente e incluso antes, cuando estuvo al frente del municipio de San Francisco.

En este sentido, Llaryora enfatizó: “Es importante que esto sea una política de Estado. Que cada vez haya más instituciones que participen y que lleguen a toda la comunidad, así el día de mañana se defiende este fondo para que nadie más se los quite”.

Las instituciones que postulan proyectos deben contar con personería jurídica vigente (inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas) y proponer iniciativas o acciones de articulación en alguna de las cinco líneas estratégicas propuestas: participación y protagonismo; autonomía y vida independiente; inclusión laboral; recreación tiempo libre y ocio; y accesibilidad comunicacional y tecnológica.

Los proyectos a considerar pueden ser nuevos o en funcionamiento, e incluir una estimación presupuestaria, que al cabo de la evaluación técnica y legal puede resultar de apoyo parcial o total.