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La investigación por presunta defraudación y administración fraudulenta derivó en cinco órdenes de detención. La Fiscalía también denunció maniobras de entorpecimiento de la causa, que involucra a autoridades de instituciones profesionales.
La investigación por presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción de Córdoba sumó un nuevo capítulo este miércoles con la detención de Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, en el marco de una causa por presunta defraudación por administración fraudulenta.
La investigación está a cargo del fiscal Enrique Gavier, quien ordenó la detención de cinco personas y dispuso distintos procedimientos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Durante la jornada se realizaron allanamientos en instituciones profesionales, entre ellas el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), y en una vivienda particular.
Según el decreto judicial fechado el 20 de octubre, la decisión de avanzar con las detenciones se fundamentó, entre otros elementos, en la existencia de presuntas maniobras destinadas a obstaculizar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía consideró que esas conductas representaban un riesgo para el proceso judicial y que resultaba necesario preservar las pruebas vinculadas con las irregularidades denunciadas.
Quiénes son los cinco detenidos
La resolución judicial dispone la detención de cinco personas, todas imputadas por presunta defraudación por administración fraudulenta:
- Nicolás Luis Paulín: presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
- Inti Manuel Smith: señalado por presuntas maniobras de entorpecimiento y por haber salido de la provincia sin autorización judicial.
- Carmen Encarnación Rodríguez: vinculada a presuntas acciones para obstaculizar la investigación desde su función como autoridad de una entidad profesional.
- Luis Adán Calderón: acusado de interferir en el proceso y de haber declarado un domicilio que no coincidía con su residencia real.
- Liliana Rosa Scaglia: vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión, a quien se atribuyen presuntas interferencias mediante contactos con autoridades, empleados y profesionales relacionados con la Caja y el CIEC.
El documento señala particularmente a Paulín, Smith, Rodríguez y Calderón por actuaciones que habrían desarrollado desde sus posiciones en instituciones profesionales. Sin embargo, no precisa los cargos individuales de los últimos tres ni determina a cuál de las entidades pertenecía cada uno.
Las imputaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser evaluadas en el marco del proceso judicial.
Los motivos que llevaron a ordenar las detenciones
Uno de los ejes centrales de la resolución es la presunta existencia de maniobras destinadas a dificultar el avance de la causa. De acuerdo con el fiscal Gavier, la documentación y los elementos aportados por Pablo Artino, interventor judicial de la Caja de Previsión, permitieron corroborar actos de entorpecimiento que se atribuyen a varios de los imputados.
Además, la Fiscalía identificó incumplimientos concretos de las condiciones que se habían establecido para que algunos acusados permanecieran en libertad.
En el caso de Inti Manuel Smith, el fiscal sostuvo que había abandonado la provincia de Córdoba sin contar con la autorización correspondiente. Respecto de Luis Adán Calderón, indicó que habría proporcionado información falsa sobre su domicilio real.
Según el decreto, ambas situaciones implicaron incumplimientos de restricciones judiciales que habían sido impuestas y notificadas durante junio y julio.
Para la Fiscalía, la combinación de estos hechos con las presuntas interferencias en la investigación configuró un riesgo procesal que justificaba adoptar medidas más severas.
Una nueva imputación por presunto encubrimiento
La resolución también dispuso imputar a Pablo Antonio Calapiña por presunto encubrimiento. En su caso, el fiscal ordenó citarlo, identificarlo y recibirle declaración, pero no incluyó una orden de detención.
Asimismo, el expediente menciona a Gustavo Noé Mícolo, Ana Margarita Ruzycki y Diego Peralta, aunque no establece nuevas medidas de detención contra ellos en esta resolución.
Peralta se desempeñó como secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. En julio pasado fue imputado en el marco de la causa y posteriormente solicitó una licencia sin goce de sueldo.
La investigación busca determinar las responsabilidades penales por las presuntas irregularidades en la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción y esclarecer si existieron maniobras para impedir o dificultar el avance de las actuaciones judiciales.
