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El juez federal Diego Cormick consideró que el Ejecutivo acreditó medidas parciales, pero no demostró el cumplimiento de los parámetros previstos para actualizar salarios y becas universitarias.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez Diego Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de analizar la documentación presentada por el Poder Ejecutivo.
La cautelar, que continúa vigente, exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y a la recomposición de los programas de becas para estudiantes. La causa fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Poder Ejecutivo.
El Gobierno había presentado un pedido para revocar la intimación anterior y sostuvo ante la Justicia que había cumplido con las obligaciones establecidas. Sin embargo, Cormick entendió que la documentación aportada no alcanzaba para demostrar el cumplimiento total de la medida.
La actualización salarial, en el centro de la discusión
Uno de los principales puntos analizados por el magistrado fue la actualización de los haberes universitarios. El juzgado reconoció que el Estado presentó documentación sobre convocatorias a negociaciones paritarias y órdenes de pago, aunque señaló que no quedó acreditado que los cálculos hubieran contemplado los parámetros establecidos por la ley.
La resolución tomó como referencia la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, que según el IPC del INDEC alcanzó el 312,19%. Para el tribunal, la documentación presentada por el Gobierno no permite comprobar que se haya alcanzado ese nivel de actualización.
La discusión también alcanza a las becas
El segundo eje está relacionado con los programas de asistencia estudiantil. La ley establece la recomposición de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras prestaciones de acuerdo con la variación acumulada del IPC.
Según el juez, el informe presentado por el Estado abordó únicamente una de las becas contempladas. En su presentación, el Gobierno sostuvo que “la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano”.
El magistrado consideró que esa interpretación no acredita el cumplimiento de lo dispuesto cautelarmente respecto del resto de los programas.
Cinco días y la posibilidad de multas
Con su nueva resolución, Cormick mantuvo el criterio establecido en la intimación del 22 de septiembre y otorgó al Estado nacional otros cinco días para cumplir con la medida.
El plazo fue establecido bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas ante un eventual incumplimiento. Mientras tanto, el conflicto universitario continúa en paralelo con el paro de 72 horas iniciado este miércoles en las universidades públicas nacionales.
La decisión judicial mantiene abierto, además, el debate sobre la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, en un conflicto que involucra al Gobierno nacional, las universidades públicas y los sectores docentes y estudiantiles.
