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José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor de un legislador oficialista, está imputado por abuso sexual con acceso carnal. Tras su detención, fue desvinculado de la Legislatura.
La investigación por una presunta red de grooming, abuso y explotación sexual de menores de 13 y 14 años generó un fuerte impacto político en Córdoba luego de que uno de los nueve detenidos fuera identificado como empleado de la Legislatura provincial.
Se trata de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asistente legislativo del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores, referente de Hacemos Unidos por Córdoba en el departamento Río Seco.
Villarreal está imputado por abuso sexual con acceso carnal, la acusación más grave dentro de la causa. Según informó la fiscal Analía Cepede, tras su detención e imputación fue desvinculado de la Legislatura.
Qué se investiga
La causa se inició a partir de la denuncia de una familia, luego de que una adolescente de 13 años no regresara a su domicilio. A través de la geolocalización de su teléfono, los investigadores lograron localizarla en Santiago del Estero, donde se encontraba junto a otras dos menores de la misma edad.
En el marco de la investigación fueron detenidas nueve personas.
La situación de Villarreal generó además interrogantes sobre su vínculo laboral con la Legislatura. Cepede confirmó que figuraba como asesor de Flores, aunque puso en duda que efectivamente desarrollara tareas dentro del recinto.
“Este hombre lo que hacía era trabajar para el legislador en tareas del campo y tareas domésticas”, explicó la fiscal.
Y agregó: “No nos consta si realmente trabajaba en la Legislatura”.
Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa
El nombre de Villarreal ya había aparecido públicamente en enero de 2025, cuando la Legislatura implementó un procedimiento para verificar la presencia de sus empleados y contratados, luego de la investigación conocida como la “empleada fantasma”.
En aquella oportunidad, Villarreal se presentó para completar el trámite y fue consultado por la situación. Ante la pregunta sobre los empleados que no concurrían a trabajar, había asegurado que no tenía relación con ese tipo de casos.
Ahora, su situación quedó bajo investigación judicial y volvió a poner bajo la lupa el sistema de contratación y las tareas que desempeñan los asesores legislativos.
La investigación continúa y la Justicia deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados y el alcance de la presunta red investigada.
