Denuncian antiguos vínculos y presuntas irregularidades alrededor de un legislador de Córdoba
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El gobernador Martín Llaryora calificó como “un hecho tremendo” la causa que investiga presuntos casos de grooming y abuso sexual contra adolescentes en Villa de María de Río Seco y pidió a la Justicia avanzar “a fondo”. El caso también generó nuevos controles sobre los asesores de la Legislatura.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a la investigación por presuntos hechos de grooming y abuso sexual contra adolescentes en Villa de María de Río Seco, causa que tiene 11 personas detenidas, entre ellas un exasesor del legislador justicialista Ramón Ernesto Flores.
Durante una visita a San José de la Dormida, el mandatario calificó el caso como “un hecho tremendo” y remarcó que la Justicia debe avanzar hasta esclarecer completamente lo ocurrido.
“Córdoba garantiza la independencia del Poder Judicial. Es un poder independiente y tiene que ir a fondo, como va en todos los casos, para que se haga Justicia”, sostuvo Llaryora.
Entre los detenidos se encuentra José Villarreal, quien hasta su detención se desempeñaba como asistente legislativo de Flores, representante del departamento Río Seco. Tras conocerse la investigación, fue desafectado de la Legislatura.
La Legislatura reforzó los controles
El caso generó además cuestionamientos sobre los mecanismos de ingreso y control de los asesores de la Unicameral.
Desde la Legislatura de Córdoba informaron que la Secretaría Administrativa inició un proceso de actualización y verificación de los legajos de asesores y funcionarios.
A partir de ahora, además del certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, se solicitará también el certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba.
La última nómina oficial contabilizaba 1.055 asistentes para los 70 legisladores, aunque el número se redujo tras el apartamiento de Villarreal.
Reclamos de la oposición
La situación también provocó fuertes cuestionamientos de distintos sectores opositores.
La legisladora radical Brenda Austin sostuvo que Ramón Flores “debería dar un paso al costado” y reclamó respuestas institucionales por parte del oficialismo.
Por su parte, el legislador del PRO Oscar Agost Carreño cuestionó que las nuevas exigencias aparezcan luego del escándalo y reclamó modificar el sistema de antecedentes para contar con información centralizada y actualizada.
Desde Encuentro Vecinal, el legislador Gerardo Grosso recordó que su espacio había presentado un proyecto para publicar semanalmente las altas y bajas del personal legislativo y volvió a reclamar mayores controles sobre quienes ingresan como asesores.
La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Deán Funes, mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades de cada uno de los detenidos y reconstruir la totalidad de los hechos denunciados.
